La presidencia debe preservar la transparencia del ejercicio de su poder

El ejercicio de la presidencia exige prácticas públicas sustentadas en registros, agendas oficiales y explicaciones verificables. En ese marco, la reunión sostenida por el presidente José Jerí fuera de Palacio constituye un hecho relevante para la democracia.

El encuentro con un empresario con vínculos empresariales y antecedentes de relación con el entorno presidencial sitúa el episodio en el centro del debate sobre transparencia y control del poder.

Las declaraciones posteriores del mandatario, presentadas como disculpas, colocan el énfasis en la dimensión subjetiva del cargo. Sin embargo, la presidencia es una institución y su legitimidad se construye a partir de procedimientos, trazabilidad y reglas compartidas  aceptadas en su juramento como primer mandatario de la Nación.

Este episodio remite a antecedentes recientes. Durante el gobierno de Pedro Castillo, el llamado caso Sarratea reveló un esquema de reuniones extrainstitucionales en una vivienda privada, fuera de la agenda oficial, con presencia de empresarios, intermediarios y funcionarios. Aquellos hechos dieron lugar a investigaciones fiscales y a un proceso de control político impulsado desde el Congreso, que sigue siendo el mismo hasta ahora.

Posteriormente, durante el actual ciclo gubernamental, las investigaciones en torno al hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor, expusieron dinámicas similares de intermediación política a partir de una persona sin cargo público definido y con vínculos con empresas relacionadas con el Estado.

La reacción política frente al caso Jerí muestra un cambio en el comportamiento parlamentario. Las bancadas que promovieron investigaciones, interpelaciones y denuncias durante el gobierno de Castillo —Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, sectores de Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú— adoptan ahora una actitud de respaldo y silencio. Este comportamiento expresa la lógica del pacto parlamentario que articula hoy al Ejecutivo con una mayoría congresal.

La consecuencia de este alineamiento es un sistema de control político condicionado por afinidades y equilibrios de poder.

Por lo tanto, la ciudadanía debe tener como objetivo que la preservación de la transparencia no solo fortalece la autoridad presidencial, sino que sostiene la legitimidad del sistema político. Y eso podrá lograrse con un cambio de las organizaciones que han permitido que esto ocurra y empeore en los últimos 5 años.