El festín del abuso, por Natalia Manso

Las economías criminales en el Perú no solo provocan aumento de la inseguridad, destruyen el medio ambiente y perjudican la recaudación tributaria,  son una ofensiva directa contra la libertad de las personas, en especial, de las mujeres y las niñas. En un país donde el Estado ha presentado su dimisión como ente protector de los ciudadanos, el dinero sucio proveniente de la minería ilegal está convirtiendo al Perú en una especie de spa donde los delincuentes se pasean relajados, con una toalla en la cintura y un frasco de loción para masajes en la mano, mientras destruyen el país.

En junio de este año, el Ministerio Público emitió el informe “Estudio sobre Trata De Personas como delito Fuente al Lavado de Activos en Perú” que revela que el 95% de las víctimas de trata son femeninas, un tercio de ellas, extranjeras. El grupo etáreo más afectado es el de las menores de entre 13 y 17 años. El 60% de las víctimas son captadas a través redes sociales y anuncios engañosos, el 25% a través de conocidos o familiares y el 15% fueron contrabandeadas por traficantes de migrantes. Seis de cada diez mujeres y niñas captadas fueron explotadas sexualmente y el resto, cayeron en explotación laboral o servidumbre doméstica. De terror. Pero además, el informe de la Fiscalía de la Nación evidencia su incapacidad para perseguir el delito, pues de los 568 casos de trata investigados, solo 63 acabaron en sentencia condenatoria, es decir, el 11%.

El aumento de la trata de personas va de la mano de una minería ilegal que está alcanzando niveles históricos. En 2016 se estimaba que el oro ilegal del Perú era el 28% del total. Recientemente, el Instituto Peruano de Economía (IPE), calculó que las exportaciones de oro ilícito se igualarían a las de oro legal a final de 2025, moviendo US$ 12 mil millones, equivalentes al 4% del PBI. Desde 2019, mientras el oro legal se multiplicaba por dos, el ilegal se multiplicaba por cuatro. Numerosos expertos como Livia Wagner, autora del informe “Crimen organizado y minería ilegal en Latinoamérica”, han estudiado la relación directa entre minería ilegal y explotación sexual de mujeres en bares, restaurantes o asentamientos improvisados relacionados con la minería criminal. Un festín del abuso financiado con dinero fácil que corre a raudales de mano en mano. 

Y mientras aumentan las exportaciones ficticias de oro legal y la creación de empresas fantasmas blanquean el dinero de minería y narcotráfico, los destapes periodísticos no cesan. El pasado febrero se publicó una investigación de OjoPúblico y Código Vidrio que describía cómo el modelo no es solo peruano sino regional, con pruebas de que el dinero procedente de la droga en Ecuador se lava a través de la explotación de oro en zonas de frontera con el Perú, con complicidad de empresarios, policías, militares y funcionarios de la justicia. En diciembre, el medio Epicentro develó las implicancias que tendrá la construcción de una carretera en Ucayali que facilitará la conectividad de un área infestada de narcopistas y cultivos de coca, con Brasil, y hace apenas unos días La República publicaba declaraciones de Óscar Arriola, comandante general de la PNP, en las que afirmaba que la minería del oro se ha convertido en la economía ilícita más lucrativa del país, incluso por encima del narcotráfico.

El gobierno y sus jefes del congreso están alcahuetando la expansión incontrolada de la trata de personas. La renovación del Reinfo y la derogación de leyes como la de extinción de dominio no son asuntos políticos, menos aún ideológicos. Son decisiones con oscuros intereses particulares que tienen consecuencias sobre lo más preciado que tenemos: nuestra infancia. Urge un plan contundente para detener el abuso de niñas, adolescentes y mujeres. Caso contrario, la trata seguirá aumentando al mismo ritmo que sube el precio de los metales, no solo del oro, sino del cobre y la plata, esa plata que todo lo compra.