Prioridades para el 2026, por Cynthia Cienfuegos

En octubre de 2026, los peruanos y peruanas elegirán nuevas autoridades regionales y municipales para un período de cuatro años más.
Durante las campañas electorales, los planes de gobierno regionales y locales se reducen, muchas veces, a una lista de proyectos y obras públicas que prometen, esta vez sí, solucionar brechas históricas y atender servicios básicos con más infraestructura. Lamentablemente, estos ofrecimientos se dan sin mayor sustento técnico, y tampoco hay una cultura de diálogo público donde se discuta y se analice la pertinencia técnica y social de las propuestas para las diferentes provincias, distritos y comunidades.

En un país donde existen amplias y diversas necesidades, desigualdades y recursos limitados por parte del Estado, un ejercicio obligatorio para los candidatos y los electores es contar con criterios que ayuden a decidir qué proyectos públicos son urgentes, viables y sostenibles. La inversión pública necesita pasar de la instrumentalización política a ser un proceso ciudadano, democrático y transparente, a partir de mecanismos reales y cercanos a la población como la priorización participativa, a fin de poder identificar y jerarquizar qué proyectos van o no en un determinado período. Y aunque este ejercicio no es algo nuevo, necesitamos preguntarnos cómo lo estamos haciendo.

En las comunidades rurales, por ejemplo, donde las necesidades y expectativas son muchas y los recursos son pocos, priorizar es clave. Identificar qué proyectos o propuestas de inversión tienen mayor peso que otras debe surgir de un consenso social participativo, que vaya de la mano con la mirada técnica de los gobiernos locales y de las instituciones públicas sectoriales competentes. Esto se logra, en primer lugar, con conocimiento real del territorio. Los diagnósticos territoriales muchas veces están desactualizados o, simplemente, no existen. Por otro lado, la priorización también necesita organización comunitaria y social; es decir, representantes con legitimidad que tengan voz en los espacios de toma de decisiones como el presupuesto participativo, pero sobre todo que cuenten con preparación, insumos e información para una participación efectiva. Los instrumentos de gestión estratégicos, como los planes de desarrollo concertados (PDC), también son fundamentales. Muchos gobiernos locales y regionales aún tienen pendiente su actualización. Estos no solo ayudan a orientar las inversiones, sino a visibilizar el ecosistema de actores involucrados en el desarrollo del territorio y qué rol juega cada uno. Y, finalmente, corresponde una vigilancia ciudadana sostenida, que haga seguimiento al uso adecuado de los recursos, al avance de los proyectos y permita generar alertas tempranas.

Los proyectos de inversión pública constituyen un tejido complejo. Pero este proceso no solo es técnico. Se trata también de cómo la población cuenta con los espacios y las condiciones para participar y decidir en qué proyectos se invierte o no. Esto puede aumentar los niveles de confianza y fortalecer la democracia desde el nivel local y regional.