Crimen en Cañete, por Mirko Lauer

El intento de asesinar a Rafael Belaúnde es malo por donde se le mire. Es el atentado de más alto perfil político desde que comenzó la campaña del 2026. ¿El blanco atacado en Cerro Azul fue el candidato presidencial de Libertad Popular o el empresario local que visitaba una inversión? Ambas perspectivas son lóbregas, pero la primera es la peor.

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Si el atentado fue electoral, tiene un antecedente en el asesinato de un abogado candidato a una diputación por los castillistas de Juntos. Percy Ipanaqué fue asesinado por un equipo de ejecución completo, con dos motos. Hay dudas sobre si el atentado fue contra el candidato o contra el abogado defensor de una banda criminal local.

En este caso de Cerro Azul es clave saber desde qué tipo de criminalidad ha venido el atentado. Belaúnde no tiene un porcentaje de intención de voto presidencial como para inclinar alguna balanza con su desaparición. Aunque es una figura política conocida, podría haber servido para enviar un mensaje terrorista a toda la comunidad electoral.

Sin embargo, la hipótesis más convincente hasta el momento es la que apunta hacia la delincuencia común. Es verdad sostenida que la provincia de Cañete alberga casi media docena de sindicatos de la construcción, entre cuyos integrantes hay extorsionadores de diverso tipo, volumen y agresividad. La actividad empresarial de Belaúnde es la urbanización, y eso lo llevó a Cerro Azul.

Que al momento del atentado la camioneta de Belaúnde haya tenido un parabrisas reforzado y él mismo cargara un arma de fuego que sabía manejar, sugiere que venía siendo víctima de un intento de extorsión, o que se había preparado para ello, en una zona donde esto es frecuente en la construcción. Da fe de ello gente de varias urbanizaciones y casas entre Asia y San Vicente.

Belaúnde afirma no haber sido objeto de pedidos extorsivos, pero un atentado en que le disparan a matar se parece mucho al modus operandi de este tipo de maleantes. La PNP cañetana hasta ahora no ha batido ningún récord capturando extorsionadores, y el argumento suele ser que los amenazados se resisten a hacer denuncias. Son peligrosas y no llevan a nada.

El JNE ha pedido seguridad para los candidatos y para el personal de las autoridades electorales. Nos sumamos a ese pedido y, de paso, seguimos reclamando seguridad para todos.