Régimen consuma golpe contra el Ministerio Público

La autonomía del Ministerio Público, institución central en la persecución del delito, ha sido sistemáticamente amenazada por quienes, desde una mayoría congresal abusiva, hoy gobiernan el país. Bajo esa consigna contraria a una mirada responsable de Estado, la cooptación de este organismo, clave para la defensa del orden jurídico en el país, se está consumando frente a nuestros ojos.

Al caballazo, el Pleno del Congreso insistió en la votación para inhabilitar a la fiscal de la Nación suspendida por la JNJ, Delia Espinoza, utilizando artificios legales de carácter claramente antijurídico.

Mientras se consumaba esta bravata, los actores al ser- vicio de la ilegalidad y de intereses cortoplacistas buscan consolidar el control sobre el Ministerio Público. Su estrategia intentará someter a quienes hoy son blanco de inhabilitación, y colocar en la titularidad de la institución a un fiscal supremo alineado con sus consignas anti-Estado.

Ante este escenario, quedan dos instancias institucionales que pueden y deben actuar. La primera es el Poder Judicial, que tiene en agenda la medida cautelar del amparo presentado por Espinoza. Dado que la inhabilitación se sostiene sobre una violación flagrante al debido proceso por parte del Parlamento, corresponde que el colegiado priorice esta cautelar y disponga una reposición inmediata. Mientras, se resuelve el fondo del amparo. Hacerlo no solo restituiría derechos vulnerados, sino que impediría la consumación de una captura institucional sin retorno.

La segunda instancia es la Junta de Fiscales Supremos, cuyos miembros, hoy bajo evidente presión y amenazas políticas, tienen el deber constitucional de no claudicar. Su responsabilidad es preservar la institucionalidad fiscal y, de ser necesario, no elegir a un fiscal de la Nación interino con vínculos o cercanías a los casos “Cuellos Blancos” o a intereses que buscan impunidad.

La ciudadanía, por su parte, tiene el derecho de saber quiénes participaron en este atropello. Es por ello menester recordar que los votos a favor provinieron de parlamentarios de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Podemos Perú. Este registro no debe ser olvidado, pues marca a los responsables de socavar la autonomía de la Fiscalía.

Por todo ello, los peruanos deben estar advertidos de que esta inhabilitación es parte de un objetivo mayor que procurará desmantelar los controles constitucionales para cooptarlos y solo así prolongar su régimen que ya es reconocido por el mundo como una dictadura parlamentaria.