Crimen organizado: prioridades para derrotarlo, por Diego García-Sayán

Ya lo adelantó —bien— el presidente del Consejo de Ministros. Las leyes procrimen que creó el actual Congreso deben ser analizadas una a una. Bien. Pero el Congreso corrupto —¡para variar!— sigue arrastrando los pies y no ha avanzado un milímetro en derogar las leyes de la vergüenza que le han facilitado las cosas al crimen organizado.

Grave responsabilidad —incluso penal— de quienes integran ese Congreso, responsabilidad que recae sobre todos y cada uno de sus integrantes y, especialmente ahora, en su cabecilla, el siempre locuaz Rospigliosi.

Las leyes procrimen.
Empecemos por el principio: dejar sin efecto todas las leyes procrimen aprobadas el último año. Destaca la Ley 31990 (octubre de 2024), que debilita el sistema de colaboración eficaz, herramienta que se ha probado históricamente vital contra el crimen organizado.

También la Ley 31989, que derogó una parte del Decreto Legislativo 1607, el cual facultaba a la Policía Nacional a incautar explosivos a mineros ilegales. Con esta norma —que sigue vigente— se abrió la más peligrosa puerta: miles de operadores en el REINFO suspendido pueden manejar dinamita sin sanción y casi sin control. El efecto ha sido inmediato: más explosivos, más violencia y menos control estatal.

Otra ley procrimen, la 32108, al modificar la definición de “organización criminal”, dificulta los allanamientos, seguimientos y capturas. Y lo más grave: introduce conceptos ambiguos —como “control de cadena de valor”— que dificultan la capacidad de la Fiscalía para perseguir estructuras delictivas complejas. Su aplicación ya ha frenado varias investigaciones sobre corrupción y tráfico de armas.

Y hay más leyes procrimen, sin duda. El actual Congreso ha sido prolífico en ellas. La prioridad es evidente: derogar de inmediato las leyes procrimen.

Varias respuestas.
Pero eso no es suficiente. Hay diversos aspectos medulares en el ámbito de la seguridad ciudadana que distintas experiencias internacionales han demostrado ser decisivos en la prevención y enfrentamiento al crimen organizado.

En primer lugar, se necesita un equipo profesional de alto nivel que genere e impulse la estrategia de prevención y actuación estatal contra el crimen organizado. Con ese referente y sustento institucional, hay estrategias que pueden ser fundamentales para empezar a prevenir y debilitar al crimen organizado que hoy nos rige con impunidad.

Presencia y actuación policial.
Es fundamental fortalecer y mejorar la presencia y actuación policial, tanto preventiva como operativa.

Debe implementarse la puesta en funcionamiento de protocolos eficientes y actualizados de actuación policial, con una prevención que proteja a la gente, minimice daños y preserve la integridad de los derechos humanos de la población. 

Todo debe iniciarse con una evaluación rápida de riesgos: identificar si hay armas, civiles en peligro, multitudes o posibles reacciones impredecibles.

Durante el proceso, es indispensable verificar los canales de mando, asegurando que todas las unidades tengan acceso a un sistema de información único y confiable. 

A la vez, se requiere una presencia y disuasión policial visibles: patrullas desplegadas de forma que no parezcan ocupación, con rutas y distancias que reduzcan confrontaciones.

Y acaso lo más importante y crucial: mantener una comunicación constante (de ida y vuelta) con la población. Por cuadra o barrio, haciendo uso de los celulares y con formas accesibles de contacto recíproco. Hay experiencias muy positivas y alentadoras en algunos países centroamericanos.

Por cuadra o manzana pueden organizarse las personas en un “Comité Ciudadano de Supervisión” (o equivalente), compuesto por vecinos, representantes de la sociedad civil y ciudadanos de buena fe que quieran colaborar. La autoridad policial y/o municipal deben apoyar esos esfuerzos y contribuir a evaluar cada incidente que implique uso de la fuerza.

También en esos comités se puede —y debe— monitorear la verificación de protocolos, formación y gestión de datos.

Todo esto debe complementarse con canales “amigables” de recepción de denuncias, amenazas o cualquier información relevante. Nada de esto puede funcionar sin la participación de organizaciones vecinales en la definición de reglas y límites.

La gran alianza.
En tiempos de crisis, la seguridad no puede reducirse a la presencia policial: debe convertirse en una alianza entre autoridades, vecinos y medios. La proximidad en las calles, el conocimiento de las dinámicas locales y un canal de ida y vuelta con la ciudadanía pueden transformar la respuesta ante redes criminales en una labor más eficaz, transparente y legítima. La tecnología móvil —con denuncias, alertas y respuestas en tiempo real— debe servir como extensión de la presencia física, no como sustituto de la responsabilidad humana.

El contacto directo con líderes comunitarios y vecinos ayuda a identificar puntos sensibles y a compartir información verificada. Los protocolos deben exigir intervención segura, proporcional y supervisada por alguien ajeno al operativo, para garantizar dignidad y derechos. La coordinación con autoridades locales evita duplicidades y fortalece la rendición de cuentas.

El celular es el puente real. La ciudadanía debe recibir retroalimentación inmediata sobre acciones tomadas y plazos estimados de intervención, además de consejos prácticos de seguridad. Los reportes ciudadanos alimentan mapas de incidencia que permiten ajustar patrullajes y priorizar zonas vulnerables, siempre con salvaguardas de privacidad y minimización de datos.

El incremento de vigilancia y de canales de comunicación puede derivar en abusos si no existen supervisión y límites claros. La privacidad debe protegerse mediante políticas de minimización de daños y revisión de información. Las operaciones deben evitar discriminaciones y asegurar que los beneficios de la proximidad no se traduzcan en estigmatización de comunidades enteras.

La sostenibilidad exige formación continua, inversión en tecnología responsable y coordinación interinstitucional. La seguridad sostenible nace de la confianza entre vecinos, autoridades y medios, no de promesas vagas ni de un solo golpe de efecto.