JNE debe sancionar el uso de niños en campañas

 Las campañas electorales del 2026 comienzan a insinuar el tipo de país que queremos ser. En ellas se juega, además de la renovación del poder político, la calidad ética de la democracia. Por eso es tan importante la regulación de actos que afecten derechos fundamentales y poblaciones vulnerables.

Uno de esos límites —quizá el que debería ser más claro— es la protección integral de los niños, niñas y adolescentes frente a su manipulación o uso con fines políticos.

En el fin de semana que pasó, en un evento público organizado por la Municipalidad de Lima cuyo gobierno yace hoy abandonado por Rafael López Aliaga, jefe de Renovación Popular, menores de edad fueron expuestos para promover su candidatura.

Se trata de una señal preocupante de cómo la desesperación electoral puede empujar a los actores políticos a instrumentalizar a los niños para generar empatía o legitimidad.

En ese sentido, es fundamental insistir como sociedad en que si no se sanciona con prontitud, este precedente podría derivar en una imitación procaz y peligrosa, donde otros aspirantes repitan la fórmula sin reparar en el daño que infligen a las infancias.

La Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859) prohíbe expresamente el uso de menores en propaganda o actos proselitistas.

A ello se suma el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, que establece la prohibición de involucrar a menores de edad en campañas o actividades partidarias. Estas disposiciones se sustentan, además, en el Código de los Niños y Adolescentes (Ley N.º 27337) y en la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocen el interés superior del niño como principio rector del Estado.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene, por tanto, la responsabilidad jurídica y ética de actuar con celeridad. No hacerlo sería abrir la puerta a la normalización del abuso, lo que degrada el sentido pedagógico y ciudadano de la política aún más.

Al mismo tiempo, la Defensoría del Pueblo tiene el espacio puesto para pronunciarse con la finalidad de garantizar que ninguna estrategia electoral vulnere los derechos de los menores ni los exponga a entornos de manipulación ni mucho menos explotación con fines proselitistas.

Los candidatos demócratas deben marcar distancia de acciones como las cometidas por López Aliaga y dejar claro que los fines políticos no justifican cualquier medio. Por otro lado, los ciudadanos tienen ahora una razón más para evaluar qué opción electoral es idónea a los valores que buscan para la comunidad en donde quieren vivir y desarrollarse.