Boluarte entra a la campaña electoral por el pacto

La presidenta Dina Boluarte ha pedido públicamente a la ciudadanía que no vote por los “negacionistas” en las elecciones de 2026. De esa manera, la mandataria ha vulnerado el artículo 186 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece con claridad la obligación de neutralidad de los funcionarios en ejercicio.

Las palabras de quien ocupa la jefatura del Estado se contradicen con lo que debiera ser un mínimo indispensable en democracias. Se trata del deber de garantizar que el proceso electoral se desarrolle con reglas claras y sin favoritismos, de ningún tipo.

Al exhortar sobre quiénes merecen el voto y quiénes no, se coloca en el terreno de la campaña, contaminando la imparcialidad que debería custodiar.

Este episodio, además, no es el primero. Como reporta La República, en septiembre del presente año, el Ejecutivo publicó un comunicado en defensa de Fuerza Popular frente a una medida del Ministerio Público. Hoy, con sus nuevas declaraciones, Boluarte confirma un patrón de injerencia que pretende erosionar la confianza en el árbitro principal del proceso, como lo es el Jurado Nacional de Elecciones.

La reacción de expertos como Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, desde lo que versa en la norma es categórico: la presidenta viola la ley y debe ser sancionada. Que un gobernante ignore el principio de neutralidad electoral mina la legitimidad de los comicios, abre la puerta a sospechas de manipulación y agrava la crisis de representación que ya atraviesa el país.

En lugar de cuidar la democracia, Boluarte parece decidida a utilizar el poder de su investidura para inclinar la balanza política. Esa conducta no solo la desacredita como mandataria, sino que debilita aún más el frágil tejido institucional.

Los peruanos, muchos de los cuales saldrán a protestar pacíficamente en los siguientes días, deben están advertidos que este patrón de deslegimitación del proceso electoral no es nuevo, sino copia y calco de lo que ya ha ocurrido en sociedades que hoy sufren de dictaduras como la venezolana y la nicaraguense.