Gobierno hipoteca seguridad por mantener gabinete

Tras la renuncia, aparentemente con motivos electorales, del ministro de Justicia, Juan José Santivañez, la presidenta Dina Boluarte juramentó a Juan Manuel Cavero Solano como su sucesor. Se trata de quien hasta entonces era el jefe de su gabinete de asesores ministeriales. En otras palabras, más de lo mismo.

El cambio en el MINJUSDH obedece, más que a una visión estratégica para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana, a una operación de consolidación interna del presidente de Consejo de Ministros, Eduardo Arana. La gran cantidad de datos que ha sido revelada en las últimas semanas acerca de la corrupción en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional ha terminado por forzar decisiones en Palacio.

El régimen que insiste en detener a ciudadanos que protestan ante la inacción repetida de la administración actual no ha propuesto ninguna medida concreta que apunte a poner mano dura al interior de las entidades que deben garantizar el orden y seguridad internos. Al contrario, se burla de los transportistas que se ven obligados a parar recordándoles que se perjudican económicamente.

Ese es el orden de prioridades de la coalición que opera desde el Estado: un día de trabajo amenazado por el sicariato vale más que la vida misma. Por ello, en vez de enfrentar con determinación el problema, quienes gobiernan responden con maniobras que buscan mantener un gabinete en vez de priorizar la eficacia de la gestión.

El Congreso, por su parte, se ha prestado a un juego de ping-pong político desde el cual ofrece un “equipo de gestión” que poco o nada tiene que hacer con la responsabilidad real de encarar al crimen organizado. La lógica parlamentaria es de blindaje y conveniencia, no de reformas que sí se requieren en el Estado.

Como resultado, la seguridad ciudadana, el mayor clamor popular del país, queda hipotecada en nombre de la gobernabilidad de corto plazo. Y así, mientras el gabinete se acomoda y el Congreso negocia, el Perú sigue expuesto a la extorsión, los atentados y la penetración del crimen en las dinámicas sociales de los más pobres.

La ciudadanía merece un gobierno que coloque la seguridad por encima de las componendas que se dan desde el poder. Y ello deberá ser recordado en las próximas elecciones. Los responsables intentarán postular y dependerá de los peruanos evitarlo.