Un abuso antidemocrático de la Ley Electoral
El pedido masivo de nulidad de mesas en territorios en donde se pierde en votos, es un abuso de las normas electorales contra el sufragio de peruanos.
El proceso electoral peruano vuelve a transitar por un camino conocido. Las organizaciones políticas ejercen su derecho a impugnar actas y solicitar nulidades dentro del marco legal que supervisa el Jurado Nacional de Elecciones. Ese derecho forma parte de las garantías del sistema. Su uso intensivo y focalizado adquiere, al mismo tiempo, un significado político que trasciende lo jurídico.
En 2021, Fuerza Popular presentó más de 800 pedidos de nulidad de mesas de sufragio, concentrados principalmente en zonas rurales y andinas donde el respaldo electoral favorecía a Pedro Castillo. Aquella estrategia se sostuvo en la narrativa de un fraude que nunca obtuvo acreditación en las instancias electorales. La gran mayoría de esos recursos recibió rechazo, y el proceso concluyó con la validación de los resultados.
Cinco años después, el patrón se repite. Renovación Popular impulsa más de un centenar de pedidos para anular mesas de sufragio en Cajamarca, que suman más de 22 mil votos. Se trata, nuevamente, de territorios donde el respaldo electoral favorece a otra candidatura. La escala resulta menor que en 2021, pero la lógica se mantiene: concentrar la impugnación en mesas adversas y trasladar la disputa al terreno legal.
El Perú es un país heterogéneo, donde la diversidad social y territorial se expresa con claridad en las urnas. Cada mesa de votación recoge esa pluralidad. La anulación de mesas completas tiene un efecto directo sobre esa representación, al retirar del resultado la voz de comunidades enteras.
El uso de estos mecanismos también pone en evidencia una dimensión estructural: la capacidad de sostener estrategias legales de gran escala. Presentar cientos de recursos, asumir sus costos y mantener equipos especializados exige un nivel de recursos que no todas las organizaciones poseen. Esta diferencia amplía el margen de acción de algunos actores dentro del sistema electoral.
La reiteración de este tipo de estrategias, primero en 2021 y ahora en 2026, configura un patrón reconocible. La judicialización se convierte en un espacio donde se disputa el resultado electoral a partir de la exclusión de votos provenientes de territorios específicos. En ese proceso, la diversidad del país entra en tensión.
Mientras los Jurados Electorales Especiales deliberan cada uno de estos recursos, el país permanece a la espera. El calendario se extiende y los ciudadanos deberán aguardar varios días más para conocer los resultados oficiales de unos comicios marcados por la controversia. La expectativa se instala así como parte de una elección que refleja, una vez más, las complejidades de la democracia peruana.