
El debate sobre el Sistema Privado de Pensiones en nuestro país ha vuelto a ocupar el centro de la agenda política y social. El último domingo, la presidenta Boluarte expresó su respaldo a un octavo retiro de fondos de las AFP, a pesar de que el propio ministro de Economía había adelantado que desde el MEF se observaría dicha medida. Esta contradicción se da en medio de un ambiente marcado por la existencia de alrededor de 19 proyectos de ley en el Congreso que buscan permitir el uso de los ahorros de jubilación. Iniciativas presentadas incluso por bancadas como Somos Perú —liderada por el presidente del Congreso—, además de Perú Libre y Podemos Perú.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha advertido reiteradamente sobre los riesgos de continuar aprobando retiros anticipados. Más allá del alivio financiero temporal, la consecuencia más grave recae sobre los propios afiliados: un deterioro sustancial de su bienestar a largo plazo. Tras las rondas de retiros anteriores, alrededor de 2.3 millones de peruanos se quedaron sin un solo sol para su vejez, incrementando el riesgo de caer en pobreza. A esto se suma el debilitamiento del ahorro previsional y la afectación indirecta a la estabilidad del sistema financiero y al mercado de capitales.
En paralelo, la reciente reforma previsional también genera resistencias. El sábado pasado, en Lima, Piura, Trujillo y Puno, miles de afiliados se manifestaron contra el recién aprobado Reglamento de Ley de Modernización del Sistema Previsional que establece, entre otras medidas, la afiliación universal para todos los mayores de 18 años y la obligación de los trabajadores independientes de aportar a partir de 2028. La norma, busca recoger las recomendaciones del BCRP respecto a ampliar la cobertura, formalizar el empleo e incentivar el ahorro. Sin embargo, su alcance real queda en entredicho ante la inminente posibilidad de que nuevos retiros sigan vaciando el sistema, aun con advertencias como la pérdida del derecho a una pensión mínima en caso de disponer anticipadamente los fondos.
El fondo del problema es claro: seguimos discutiendo medidas parciales y de corto plazo en un sistema que requiere cambios estructurales. La tensión entre populismo y sostenibilidad técnica impide avanzar hacia un modelo de seguridad social que brinde confianza a los ciudadanos y que, a la vez, contribuya al desarrollo económico.
El Perú necesita mirar más allá del rédito político inmediato. Los fondos de pensiones no sólo representan una garantía de dignidad para la vejez, sino también una herramienta clave para dinamizar la inversión y el crecimiento económico. Apostar por su debilitamiento equivale a hipotecar el futuro de millones de peruanos.
Por ello, urge explorar alternativas que fortalezcan el ahorro previsional, amplíen la cobertura y respondan a la alta informalidad, sin sacrificar la estabilidad del sistema ni exponer a la población a mayor vulnerabilidad. La pobreza no se resuelve vaciando las cuentas individuales, sino construyendo un sistema previsional sólido, inclusivo y sostenible, capaz de proteger a las generaciones presentes y futuras. La tarea es clara.

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