El pueblo ya aprendió, por Rosa María Palacios

Dina Boluarte las va ganando todas. El Tribunal Constitucional no permite que se le investigue, mucho menos que se allanen sus domicilios, mientras que el Congreso le manda al archivo todas las denuncias constitucionales. La última, esta semana, concluye que ni la presidenta ni sus ministros tenían relación alguna con las órdenes de tirar a matar a 50 peruanos que osaron protestar contra su gobierno. Muchos de ellos menores de edad o apenas transeúntes cayeron muertos de un balazo que disparó el Ejército o la Policía. Muchos de los asesinatos están en video y ocurrieron en el lapso de tres meses. Según la tesis de la gran mayoría parlamentaria pro impunidad, esta gente murió abaleada por fuerzas del orden que, vaya usted a saber por qué, disparaban porque se les ocurrió jugar al tiro al blanco motu proprio. Sin órdenes de nadie o, en todo caso, sin órdenes de la presidenta y sus ministros. Así como lo lee.

¿Se puede investigar a Dina Boluarte cuando termine su mandato en julio de 2026? Se puede. Pero un archivo fiscal es “cosa decidida” y se requiere un esfuerzo probatorio mayor y nuevas pruebas para reabrir un caso. Si el pacto mantiene el control del Congreso y del TC, será muy difícil. Para consolidar la tarea hay que controlar la Junta de Fiscales Supremos. Eso está a la vuelta de la esquina con el apoyo de la JNJ. ¿Por qué creen que el sentenciado por violencia familiar Gino Ríos es su presidente inamovible? ¿Por qué la misma JNJ le ha garantizado impunidad esta semana frente a un requisito que incumplió y ocultó? A Delia Espinoza ya le dicen “pavo” porque no llega a Navidad. Patricia Benavides nunca la quiso en la Junta de Fiscales Supremos y por eso la expectoró al JNE. Ahora es vital sacarla para que el trío de Benavides, Gálvez (favorecidos por el TC) y Arce (próximo a ser favorecido) controle la Junta y garantice impunidad a todos los políticos que hoy los respaldan.

Si a esto se suma la salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la denuncia del Pacto de San José, la jurisdicción a la que los peruanos tenemos derecho a recurrir, se clausura toda posibilidad de justicia. Si cierras la entrada (fiscales) y cierras la salida (última instancia supranacional), tienes cerrados los dos extremos de la línea de acceso a la justicia. Estamos a pocos días de ese cierre completo en favor de quien delinque en el poder con beneficio de antejuicio.

Pero hay un obstáculo inminente. Las elecciones pueden cambiarlo todo. Eso es lo que el pacto tiene que controlar a como dé lugar, y lo está haciendo. El Congreso y el JNE están tomando decisiones sobre quiénes pueden o no pueden ser candidatos. Hoy, los más populares son dos expresidentes, Vizcarra y Castillo, que, junto con una lista cada vez más larga, no podrán postular. El caso de Duberlí Rodríguez, autorizado a inscribirse por el Poder Judicial, ha llevado al JNE a plantear una acción competencial ante el TC que todos sabemos, desde ya, qué resultado tendrá. No solo desfavorable a Rodríguez, siendo contraria a la jurisprudencia del TC que estableció hace mucho que, si bien el JNE es última y definitiva instancia en materia electoral (verdad indiscutible), no hay área del derecho que esté vedada al control constitucional cuando se trata de violación de derechos fundamentales. El TC va a permitirle al JNE hacer lo que quiera, así viole la Constitución entera.

Ya hay muestras del alineamiento de la justicia electoral con los intereses del pacto. El JEE de Lima recibió una denuncia que ocurre ante los ojos de toda la ciudad. Carteles con el nombre y fotografía de Rafael López Aliaga como “presidente”, con el logo de Renovación Popular y apenas el nombre del alcalde distrital de su partido. Los paneles violan toda norma de neutralidad electoral, dándole al alcalde de Lima una ventaja indebida. ¿Sanción? Ninguna. El JEE le creyó a López cuando alegó desconocer quién ponía los carteles. ¿Eso les parece justicia electoral imparcial? Queda claro hacia dónde se marca la cancha. Unos no pueden postular y otros pueden hacer lo que les da la gana.

Los partidos que están en el Congreso saben que unos pocos pasarán la valla, pero apuestan a que solo serán ellos. Las reglas de juego han sido modificadas a su favor, los enemigos políticos están impedidos de postular y la autoridad electoral en el JNE no está dando garantías de imparcialidad. El Ejecutivo, el TC, la JNJ y la fiscalía apoyan la permanencia en el poder de los partidos y líderes del pacto porque saben que, en un nuevo Congreso que busque restituir el Estado de derecho, todos se van a sus casas, a la cárcel o terminarán huyendo hacia el autoexilio. Hoy, los poderes del Estado tienen un interés directo de sobrevivencia en la próxima elección.

Mientras tanto, la violencia política escala. López Aliaga ha pedido en público esta semana que “se carguen” a Gustavo Gorriti, víctima ya por muchos años de una de las peores campañas de difamación que algún periodista haya sufrido. No hay duda de que lo mandó a matar en un país donde un sicario se contrata por menos de 100 dólares. Envalentonado con el apoyo del 30% del nivel socioeconómico A con vocación fascista (que felizmente representa el 2% del padrón electoral), se va a saludar al Papa, muy contento, después de mandar matar al prójimo.

La reacción pública a la matonería de López Aliaga deja poca esperanza. Tal vez Dina Boluarte ha visto algo de eso en el humor popular. Esta semana, pese a su 96% de rechazo en las encuestas, nos ha dicho que “el pueblo peruano ya aprendió”, ¿a qué? A no protestar. Lo dijo feliz, sonriente, con la mirada perdida en el vacío. En eso, parece tener razón. En el caso de Gustavo, salvo gremios vinculados a periodistas, las reacciones han sido irrelevantes, cuando no nulas. Una autoridad electa, en un acto público, manda matar a un periodista y ninguna institución que dice defender la democracia hace absolutamente nada. Nadie protesta, bien domesticados por el poder frente al cual, con miedo, apatía o con sobonería, agachan la cabeza.

Vamos a seguir peleando, pero hay días duros. Las peores desilusiones están ya en nuestra puerta y vendrán más. Si no se quiere dar pelea, la democracia ya está perdida antes de entrar a la batalla. Para los que todavía quieren salvar el Estado de derecho, les recuerdo que #PorEstosNo.