Por qué no reabrir El Frontón, por José Ragas

En lo que parece ser un despropósito más de un gobierno que no se cansa de producirlos cada semana, la presidenta Dina Boluarte anunció que busca reabrir el penal El Frontón en el Callao. El anuncio se realizó luego de una puesta en escena que incluyó, por supuesto, fotos de la presidenta en uniforme blanco, coordinando con especialistas y apuntando al horizonte cada vez que podía. La decisión quedó sancionada con el anuncio oficial en Palacio y la firma de los ministros de Vivienda, Justicia y Defensa.

En realidad, el impulso repentino y los esfuerzos por reabrir este centro carcelario en particular antes de julio del próximo año obedecen a dos razones que no tienen nada que ver con planificación y menos aún con la seguridad nacional. El primer elemento es la tendencia carcelaria que ha invadido a varios países de la región y que busca recoger algo de la popularidad del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Para Bukele, la solución al tema de la inseguridad pasa por la construcción aparatosa de megacárceles, un discurso imitado por la excandidata Patricia Bullrich en Argentina y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, entre otros.

No obstante, existe una razón adicional por la cual El Frontón se ha convertido en una fijación del actual Gobierno. Fue el lugar donde se debilitó una rebelión de subversivos senderistas a mediados de 1986, que terminó en una masacre de cientos de presos a manos de la Marina de Guerra, encargada de sofocar el motín. La represión que siguió al levantamiento carcelario dejó convertido el penal en un conjunto de ruinas, inservibles para cualquier propósito de ocupación futura, pero también útiles al momento de destruir evidencia en contra de los responsables de la matanza.

El Frontón había sido construido a inicios del siglo pasado (1917), como parte de un esfuerzo por abrir nuevos recintos de una ciudad que se expandía sin descanso. La idea de mantener alejada a la clase criminal de la población civil ya no resultaba viable, e incluso la Penitenciaría, construida siguiendo los patrones más avanzados de vigilancia y reeducación de reclusos, no solo había fracasado, sino que ahora había sido devorada por la ciudad. Alejado y en una isla, El Frontón retomaba la idea de las prisiones coloniales y se presentaba como la opción más favorable para los internos de alta peligrosidad, que en verdad serían sobre todo prisioneros políticos primero, y luego subversivos durante el Conflicto Armado Interno.

Reabrir el penal tiene una carga simbólica muy importante para el actual Gobierno, que actúa con la venia de las Fuerzas Armadas y que no hace mucho recibió una ley de amnistía para quienes fueron acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales durante la violencia política. Considerando el empeño que ponen las autoridades del Ejecutivo para retirar a nuestro país del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que salvaguarda a las naciones de América Latina frente a posibles abusos contra la ciudadanía, tiene más sentido que se haya elegido esta cárcel en particular frente a otros posibles proyectos o iniciativas para combatir la delincuencia y el sicariato que ahogan al país.

El problema es que reabrir El Frontón poco o nada hace para solucionar este problema. Principalmente porque la inversión necesaria para reflotar El Frontón es muy alta. Un presupuesto estimado y planteado por el exjefe del INPE, Javier Llaque Moya, coloca la suma en cinco mil millones de soles. Esto es diez veces más de lo que ha señalado el Ministerio de Justicia hace unos días. Debido a su ubicación, el penal no solo necesita nuevos pabellones, sino toda una infraestructura que garantice un mínimo de provisión de servicios para los internos y el personal de seguridad. Esto significa alimentación, embarcaciones, seguridad especial, agua potable y otros elementos de transporte que conecten la isla con tierra firme.

Otro aspecto a tomar en cuenta es cómo afectaría esta reconstrucción a los vecinos de El Callao. El alcalde de La Punta se ha apresurado en pedir públicamente a la presidenta que “recapacite” respecto de su decisión. Los vecinos tampoco lo ven viable y lo han llamado “un distractivo”, que terminaría por afectar la seguridad y el turismo de los operadores que realizan paseos en lancha. Una congresista alineada con el oficialismo llegó a manifestar su rechazo al proyecto y señaló que, de continuar, la insistencia podría convertirse en una censura al ministro por la falta de acciones concretas contra la delincuencia.

El problema es más vergonzoso aún porque el dinero invertido en El Frontón dejaría de lado la continuación de otros proyectos carcelarios que se vienen desarrollando en la actualidad y que carecen de partidas presupuestarias. Los proyectos de construcción de recintos en Ica, Chincha, Arequipa, Pucallpa y Cajamarca se encuentran precisamente detenidos por la falta de recursos para continuar. Al menos desde la pandemia, varios de estos recintos están paralizados y vienen acumulando una serie de gastos y sobrecostos. Mientras tanto, la presidenta anuncia la reapertura de El Frontón como la solución a la delincuencia.

Así, el Gobierno se abre un nuevo e innecesario flanco, mientras destina una cantidad importante de recursos hacia un proyecto que posiblemente quede a medio terminar cuando culmine su mandato el próximo año. En medio de la polémica por la reapertura, lo que sí queda claro es que, para la presidenta y un Consejo de Ministros carente de decisiones propias, la necesidad de desviar la atención y de intentar aparentar firmeza pasa a ser un disparate más.

Mientras esto pasa, el sicariato real sigue operando y empujando a la población civil al temor y a la pérdida de confianza en las autoridades policiales y del Estado.