De Palacio de Gobierno a Barbadillo, por José Ragas

El juicio que declaró culpable a Alberto Fujimori y lo sentenció a 25 años de prisión marcó un hito en el sistema judicial del país. Había pasado casi diez de sus setenta años escapando de los cargos de corrupción y violación de derechos humanos que pesaban sobre él. Primero en Japón, donde llegó incluso a postular al Senado para obtener inmunidad parlamentaria. Al fracasar, decidió moverse hacia Chile, sin saber que ahí sería detenido hasta ser enviado al Perú para ser finalmente juzgado.

Encerrar en prisión a Alberto Fujimori, un autócrata que había construido un régimen precisamente con base en la impunidad para él y su entorno cercano, envió señales de que cualquiera podía ser encerrado. En un país donde los más poderosos evaden cualquier tipo de castigo, parecía, por fin, que la justicia sería ciega con aquellos que quedaban libres, fuesen presidentes o no.

Por supuesto, el exautócrata no fue a una prisión común. Si bien se apeló a temas de seguridad, otros manifestaron que por su alta investidura (la misma que había manchado) le correspondía un lugar especial. Dicho lugar sería el exfundo Barbadillo, el mismo que fue acondicionado para pasar el encierro rodeado de comodidades y recibir visitas mientras cumplía su sentencia y sus operadores partidarios buscaban sacarlo de ahí, lo que finalmente ocurrió poco antes de morir. La última vez que un presidente estuvo en prisión fue en la década de 1930, cuando Augusto B. Leguía no pudo escapar y fue apresado y enviado al Panóptico, donde enfermó y murió en condiciones penosas. Por supuesto, los paralelos entre ambos expresidentes no se hicieron esperar, pese a las condiciones ventajosas en que Fujimori cumplió su sentencia.

Quizás con lo que no contábamos es que, con el tiempo, casi todos los que se ciñeron la banda presidencial terminarían en Barbadillo. Para cuando Fujimori estaba comenzando a acostumbrarse a su nueva residencia, las investigaciones que llevarían a otros mandatarios a la cárcel aún estaban en indicios. Algunos exmandatarios, como Alan García y Alejandro Toledo, habían buscado ponerse a recaudo en el extranjero para evitar ser detenidos en suelo peruano, aunque sabían que podían ser extraditados si la justicia así lo requería, como había ocurrido con el nuevo inquilino del penal.

Lo que en algún momento había sido alabado como un ejemplo de la justicia, pronto se convirtió en un síntoma problemático. La reciente prisión preventiva de Martín Vizcarra ha elevado a cuatro los presidentes en prisión, cinco si incluimos a Pedro Pablo Kuczynski en prisión domiciliaria y seis con Fujimori, que falleció el año pasado y fue liberado de modo irregular bajo la figura de indulto y derecho de gracia humanitario. Aquí sería necesario incluir a Alan García, que por mucho tiempo logró evadir la justicia y que finalmente se quitó la vida para no ir a prisión. Con excepción de Manuel Merino y Francisco Sagasti, Barbadillo se convirtió en un escenario inevitable para quienes nos gobernaron en los últimos cuarenta años.

De no haber tenido presidentes en prisión a tener casi todos encerrados amerita, cuando menos, detenerse en explicar este cambio. ¿Eran menos corruptos los presidentes anteriores? ¿Menos autoritarios, tal vez? No necesariamente. Hay muchos exmandatarios que debieron haber enfrentado un juicio por temas de derechos humanos y malversación de fondos, pero no lo hicieron. Uno de ellos es Francisco Morales Bermúdez, quien ha sido señalado como integrante del Plan Cóndor y responsable del secuestro de opositores argentinos de origen italiano que estaban en Perú y su entrega a la dictadura argentina, la cual los desapareció.

Al momento de evaluar quiénes son los que se encuentran en la cárcel y los procesos que los llevaron ahí, hay algunos factores a tomar en cuenta. Mi impresión es que hay un afán punitivo detrás de casi todos los casos mencionados. Es cierto que deben responder por los cargos en su contra, ya sea que hayan interrumpido el orden democrático o que hayan estado involucrados en el uso irregular de fondos públicos. Pero en la actual atmósfera política, en más de una ocasión los cargos, el momento en que se ha usado la prisión preventiva contra alguno(s) de ellos y la animosidad hacia los acusados hacen sospechar que se busca mostrarlos como un triunfo político de la coalición que gobierna antes que como un proceso que permita establecer responsabilidades.

Esta animosidad no es gratuita. La exvicepresidenta Betssy Chávez, acusada (¡por el mismo Congreso!) de coordinar la disolución del Congreso, puede recibir 25 años de prisión. Hace unos días hizo pública una “carta testamentaria” donde anunciaba huelga de hambre y llamaba la atención por el trato que se le daba por el INPE. Vizcarra, por otro lado, ha denunciado que su traslado a otro penal distinto de Barbadillo es irregular y que obedecería a razones políticas. Las parejas y familias de Toledo, Humala, Castillo y PPK se encuentran fuera del país y algunas con asilo en México y Brasil por temor a que sean también enviadas a prisión.

El problema de tener autoridades no solo torpes como las que nos gobiernan, sino también crueles, es que confunden deliberadamente la justicia con la venganza política. Y distorsionan el sistema legal que debe investigar a las autoridades que han dirigido el país, al convertirlo en algo cercano a un asunto de ajuste de cuentas de la mafia. Todo esto, por supuesto, mientras desaparece documentación de la Junta Nacional de Justicia, se da inmunidad a militares involucrados en violaciones de derechos humanos y se blinda a la actual inquilina de Palacio de Gobierno. No sea que vaya a correr la misma suerte que sus predecesores, solo que no en Barbadillo, sino en Santa Mónica.