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Opinión

Una burla al país

El nombramiento de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia confirma el desprecio de Dina Boluarte y del Congreso que la sostiene por el pueblo peruano.

Editorial
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Juan José Santiváñez, censurado tan solo en marzo de este año como ministro del Interior, retorna ahora al gabinete. Enfrenta investigaciones por tráfico de influencias y tiene una orden judicial que le prohíbe salir del país hasta noviembre de 2026. A pesar de ello, Boluarte lo coloca en la cartera de Justicia, la misma que debería resguardar la autonomía del Poder Judicial y de la Fiscalía.

Con Santiváñez en el cargo, el régimen busca allanar el camino para litigar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la ley de amnistía que pretende eximir de responsabilidad a los responsables de violaciones de derechos humanos, mientras avanza en la captura del sistema de justicia.

Este nombramiento quiere hacerse pasar como un cálculo político desafiante. Sin embargo, esta designación revela un nuevo acto de desesperación de un régimen cada vez más cercado por la ilegitimidad al interior y ante la comunidad internacional.

Es claro para los peruanos que se trata de una maniobra alineada con los intereses de la coalición parlamentaria autoritaria que hoy sostiene a Boluarte y que persigue, a toda costa, el control absoluto de los órganos judiciales, fiscales y electorales.

La afrenta no se detiene ahí. Fanny Montellanos, al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y Ana Peña Cardoza en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, completan un gabinete de burla. En lugar de responder a la urgencia de millones de peruanos que sobreviven en la pobreza, el Midis se transforma en engranaje de una maquinaria conservadora y clientelar.

Al respecto, no son pocas las voces que anuncian una fusión arbitraria del ministerio llamado a proteger a mujeres y poblaciones vulnerables para quedar reducido a una oficina subordinada, sin voz frente a un Ejecutivo que desprecia a los más necesitados y necesitadas del país.

Este cambio de ministros es, en realidad, la ubicación —carente de escrúpulos— de una serie de operadores políticos de la impunidad.

No obstante, para su mala suerte, nuestra historia conoce de gabinetes oscuros. Mucho más capaces que el que hoy, erráticamente, quiere dar mensajes que desafíen ya no al Congreso con el cual se ha mimetizado, sino a los peruanos y candidatos demócratas que intenten devolver el Estado al pueblo de las manos de unos pocos pillos.

Pero este quedará inscrito no por reformas ni políticas públicas, sino por encarnar la más descarada burla a la justicia, a la memoria democrática y al pueblo peruano.

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