La responsabilidad democrática del empresariado del Perú

Los empresarios en el país cumplen un rol fundamental en la construcción de república. No es poca la literatura académica historiográfica que vincule su compromiso con las instituciones del país y con la sostenibilidad y rentabilidad de las inversiones privadas.

De acuerdo con cifras del Instituto Peruano de Economía, las micro, pequeñas y medianas empresas representan alrededor del 99.4 % del tejido empresarial. Es por ello que generan empleo al 60 % de la población económicamente activa (PEA).

Por otro lado, las grandes empresas concentran la inversión privada de largo plazo y generan encadenamientos productivos. Al competir en mercados internacionales, atraen capital que ayudar a posicionar al Perú con potencial de crecimiento sostenido, siempre y cuando existan reglas claras y previsibles.

Este mosaico empresarial, que incluye desde modestas bodegas hasta medianas fábricas, sostiene de forma relevante la estructura económica del país. No es disparatado afirmar que, a pesar del desbarajuste institucional de los últimos años, se ha mostrado tremendamente resiliente frente a crisis recientes.

En el escenario actual, un informe de EY Perú entrega una radiografía clave. El 39 % de los ejecutivos identifica la incertidumbre política como el principal obstáculo para los próximos tres años, seguido de cerca por la transformación digital (34 %).

Estos desafíos ofrecen una oportunidad para que todo el espectro empresarial impulse una agenda de política pública que combine estabilidad con modernización, promoviendo infraestructura tecnológica, transparencia y gobernanza.

Es justamente en contextos de fragilidad institucional donde surgen voces que pregonan rupturas o discursos de corte radical autodenominados libertarios. Sin embargo, esas propuestas, más cercanas al conservadurismo autoritario y al mercantilismo que a la libertad -como la de asociación y de empresa-, ponen en riesgo la estabilidad que tanto demanda el empresariado.

Lo que hoy se ve como una salida rápida —reducir el Estado hasta sus cimientos, eludir regulaciones— resultaría en mayor polarización, deterioro institucional y, a largo plazo, inseguridad jurídica y económica.

Trabajar con base en evidencia no solo es más sostenible, sino también en el corto y mediano plazo. Con miras a las próximas elecciones, el empresariado peruano agradecerá contar con un entorno estable. Y para eso necesita reglas claras y no abonar a radicalismos, vengan de donde vengan.