El futuro de la ley de amnistía, por Harold Forsyth

La ley de amnistía promulgada hace algunos días tiene, como toda ley, un grupo primario de interés, que en este caso lo constituyen los exmilitares y expolicías que participaron en la lucha contra el terrorismo y estuvieron o están involucrados en casos judiciales concretos. Pero toda ley debe orientarse al beneficio de la sociedad en su conjunto y contemplar su sostenibilidad en el tiempo porque, de lo contrario, puede afectar, más tarde o más temprano, a aquellos a los que pretende beneficiar.

Abundan los ejemplos: las amnistías dadas en los años noventa por el denominado Congreso Constituyente Democrático y promulgadas por el gobierno fujimorista fueron derogadas cuando la democracia volvió al Perú en el año 2000. Y, ciertamente, las leyes que exculpaban a los responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura argentina (1975-1983) quedaron reducidas a letra muerta cuando se desmoronó ese innombrable gobierno. Y estos dos casos son simples botones de muestra.

Alguien podría pensar que la ley que comentamos beneficia a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, pero lo que ocurre es precisamente lo contrario.

En primer lugar, los beneficiados directos constituyen un porcentaje insignificante y muy poco representativo de los institutos castrenses, pero el costo termina siendo asumido por todos. Al mismo tiempo, las instituciones quedan directamente asociadas con la actual estructura de poder instalada en el Perú, que el país rechaza de modo casi unánime y que tiene una clara limitación en el tiempo y también en el espacio. No olvidemos la frase: "Puno no es el Perú".

Los institutos armados merecen el respeto de todos y, precisamente por eso, deben guardar una distancia prudente frente a una coyuntura política claramente ajena a los intereses del país. Este gobierno y este Congreso se van; las Fuerzas Armadas se quedan y serán parte del futuro.

Obviamente, justicia que tarda no es justicia, y puede haber habido abusos por parte de los poderes judiciales. Sobre eso ciertamente cabe legislar, porque los militares tienen los mismos derechos humanos que todos, y la justicia internacional también existe en beneficio de ellos.

Tampoco tiene viabilidad una ley que viola el propio ordenamiento jurídico del Perú, concretamente la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que constituyen leyes peruanas de rango constitucional. Eso lo sabe cualquier estudiante de Derecho.

Por lo demás, el encuentro palaciego para celebrar la promulgación de la ley solo ha servido para añadir más desprecio a la moral del pueblo peruano, que no merece esta cutrez, y que no hace justicia ni a las FFAA ni al glorioso Ejército de Bolognesi.