Diferenciemos la paja del trigo, por Diego Pomareda

En el Perú, se ha promulgado una ley de amnistía a favor de un grupo de militares y policías condenados o procesados por delitos cometidos en el contexto de la lucha contra el terrorismo. Esta norma, lejos de cerrar heridas, ratifica una peligrosa premisa: que el fin justifica los medios y se convierte en un instrumento más de polarización. No se trata de justicia, sino de cálculo político.

Muchos critican a la izquierda radical por agudizar las contradicciones o usar causas sensibles para ganar respaldo popular, como lo ha hecho Petro en Colombia. Pero esta ley responde al mismo libreto: no interesa si los procesados son culpables o inocentes, ni porqué la justicia tardó tanto en resolver sus casos. Lo que importa es avivar pasiones y alimentar a una tribu política ad portas de las elecciones generales.

Esto rompe con un consenso mínimo al que deberíamos llegar como peruanos: diferenciar la paja del trigo. La gran mayoría de policías y militares defendieron a la patria frente a grupos terroristas que optaron por las armas y el miedo como vía para tomar el poder. Gracias a ellos y a la sociedad civil, el Perú derrotó a la barbarie y rescató el Estado de Derecho. A ellos, nuestro reconocimiento y gratitud eterna.

Sin embargo, este agradecimiento no puede convertirse en complicidad ni en encubrimiento hacia quienes se extralimitaron en sus funciones y cometieron delitos. El deber de proteger a los peruanos nunca puede ser usado como justificación para vulnerar aquello que precisamente se buscaba resguardar: el orden, la legalidad y la paz.

No dejemos que los políticos nos dividan aún más usando este tipo de leyes como herramientas electorales. Si no logramos hacerlo, seremos injustos con las víctimas, que pudieron ser cualquiera de nosotros o nuestros familiares, y estaremos condenados a repetir los errores del pasado y a avalar los autoritarismos.

Por respeto a quienes verdaderamente defendieron al país en la guerra contra el terrorismo, por un Perú sin trincheras ideológicas y sin espacio para el oportunismo político, esta ley de amnistía debe ser declarada inconstitucional, pero además, el Estado debe garantizar que los casos pendientes se resuelvan de una vez: o inocentes, o culpables.

Si como sociedad no somos capaces de trazar esa línea, si no aprendemos a diferenciar la paja del trigo, terminaremos justificando lo injustificable y deshonrando a quienes sí cumplieron con su deber. Ese es el acuerdo mínimo al que debemos aspirar: honrar con verdad, no con impunidad.