Gestión integrada del agua: desafío del presente, por José Musayón

* Por José Musayón. Ingeniero. Jefe de la Autoridad Nacional del Agua

El Perú, dotado de una extraordinaria diversidad geográfica, enfrenta desde hace décadas un desequilibrio alarmante en la distribución y gestión de sus recursos hídricos. Mientras que más del 70 % del agua dulce del país fluye por la vertiente amazónica, menos del 2 % se destina al consumo de la población costeña, donde habita aproximadamente el 65 % de los peruanos. Este desbalance no es solo geográfico, sino también estructural y político.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), creada en 2008 para liderar la gestión integrada de los recursos hídricos, ha tenido que enfrentar desafíos estructurales como la superposición de competencias, la articulación con gobiernos regionales y locales, y la promoción de una cultura del agua en la ciudadanía.

En ese contexto, la Ley de Recursos Hídricos (Ley N.º 29338), promulgada en 2009, representó un punto de inflexión. Esta norma estableció que el agua es un recurso natural renovable, vulnerable y de valor económico, cuya gestión debía realizarse de forma integrada, participativa y desconcentrada. Desde entonces, se han impulsado importantes avances institucionales, como la implementación de consejos de cuenca, el registro de derechos de uso de agua y la fiscalización de actividades que afectan la calidad del recurso.

Sin embargo, la gestión del agua no puede recaer únicamente en la ANA. Además de los gobiernos regionales y locales —que tienen responsabilidades clave en la planificación del desarrollo territorial—, también deben involucrarse diversos sectores para adecuar el saneamiento, la agricultura y la gestión ambiental. La participación colectiva es determinante para asegurar que las inversiones en infraestructura hidráulica, reservorios, plantas de tratamiento o riego tecnificado respondan a una visión integrada.

Además, en un hecho sin precedentes, la ANA ha adquirido maquinaria propia —retroexcavadoras, tractores oruga y volquetes— para ejecutar estas tareas de manera permanente. Esto ha permitido optimizar los trabajos de limpieza y descolmatación en el río Rímac y en diversos puntos del norte del país.

El desafío de garantizar la seguridad hídrica sigue siendo enorme. La formalización de los derechos de uso y la protección de las fuentes naturales son tareas urgentes. A ello se suma el impacto del cambio climático. En el norte del país se registran fenómenos extremos que alternan entre lluvias intensas e inundaciones, seguidas por periodos prolongados de estrés hídrico. Las protestas por la falta de agua evidencian un problema estructural que requiere respuestas integrales, como la rehabilitación de infraestructura hídrica, la limpieza de cauces y una propuesta estratégica impulsada por la ANA: el aprovechamiento eficiente de las aguas subterráneas como fuente complementaria del recurso hídrico.

En ese sentido, el rol de la ANA es estratégico no solo como ente técnico-normativo, sino también como articulador de una visión país sobre el agua, que involucre al Estado, la ciudadanía, el sector privado y la academia. La educación ambiental, la transparencia en la información y la participación de los usuarios en espacios como los consejos de cuenca y los consejos de recursos hídricos regionales son fundamentales para una gestión democrática y eficaz.

El Perú se encuentra en una encrucijada: o continúa con una gestión fragmentada y reactiva, o apuesta decididamente por la gestión integrada del agua como eje del desarrollo sostenible. Esto implica fortalecer la institucionalidad hídrica, asignar recursos adecuados, promover la innovación tecnológica y asegurar el cumplimiento de las normas. La experiencia acumulada, los avances normativos y el compromiso de muchos actores muestran que es posible avanzar, pero se requiere voluntad política sostenida.

La gestión del agua no puede postergarse. El contexto actual, marcado por el cambio climático, la inseguridad hídrica y los conflictos por el acceso al recurso, exige decisiones firmes y coordinadas. A pesar de los desafíos, el país cuenta con capacidades técnicas y capital humano valioso —como el que viene demostrando la ANA— para construir un modelo de gestión que garantice agua para todos, hoy y en el futuro.