
La reciente distribución de las comisiones representa la expresión final y más descarnada de un pacto de poder que ha venido erosionando la libertad de los peruanos, el Estado de derecho y la institucionalidad democrática.
En su último año unicameral, la coalición autoritaria integrada por Fuerza Popular, APP, Podemos Perú, Renovación Popular, Avanza País, Honor y Democracia y sus aliados menores ha ejecutado una nueva repartija calculada. Su objetivo es asegurarse el control de los espacios más estratégicos del poder que ha logrado someter con un incremento unilateral de sus prerrogativas a este y cualquier gobierno: el Poder Legislativo.
El mapa resultante revela un diseño meticuloso que entrega a esta coalición el control de comisiones clave. Desde Constitución, Presupuesto y Economía, Defensa e Inteligencia, así como Justicia y Fiscalización, podrán manipular las reglas electorales, orientar el gasto público a intereses partidarios, custodiar información sensible y desactivar investigaciones de corrupción. Todo está dispuesto para garantizar su impunidad y consolidar un poder.
Mientras tanto, los problemas que más aquejan a los peruanos—la delincuencia, las malas condiciones económicas de la mayoría de los peruanos, la falta de trabajo y el deterioro de los servicios básicos— seguirán fuera de las prioridades legislativas. La agenda de quienes deberían ser los representantes de la ciudadanía continuará orientándose a intereses partidarios prebendarios antes que a las necesidades del país.
Este Congreso actúa capturador de la democracia mínima que se mantiene en el país. Así, cada norma que impulse y cada proyecto que archive en este periodo representará un paso más en el desmantelamiento deliberado de los frenos y contrapesos.
Frente a esta última repartija, la indignación no puede reducirse a una protesta pasajera. Los ciudadanos deben recordar con claridad los rostros y los logos partidarios de quienes hoy ejecutan esta captura institucional, pues buscarán reaparecer, disfrazados, como candidatos a senadores o diputados.

JNE rechazó reelección encubierta con comicios ya celebrados, dejando alcaldías en manos de regidores que la ciudadanía desconoce.

El Sistema Nacional de Defunciones registra en octubre el mes con más homicidios bajo el gobierno de la presidenta Fujimori, mientras el Ejecutivo anuncia una reducción de la tasa diaria.

Ciudadanos de Huánuco acataron paro exigiendo acceso a este derecho fundamental.

El balance de la gestión del fujimorismo en el Ejecutivo coincide con el de Boluarte, Jerí y Balcázar.

Los municipios son hoy el principal frente de la disputa entre el Estado y el crimen organizado.