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Opinión

Mordaza desde Ate Vitarte, por René Gastelumendi

Esto no es un debate de ideas, es el presunto desvío de fondos públicos para coaccionar a la prensa. Es una grave distorsión de la función pública, que viola el principio de neutralidad y convierte el poder en un instrumento de intimidación.

rene gastelumendi
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En el periodismo, uno asume que el debate se da en el campo de los hechos y las ideas. Haces una pregunta incómoda, y esperas una respuesta, una evasiva o incluso una crítica vehemente. Lo que no esperas es que tu Documento Nacional de Identidad termine circulando en redes sociales como si fuera un volante, y que tu número de teléfono personal se convierta en el destino de una campaña interminable de acoso.

Esto es exactamente lo que ocurrió tras una entrevista con el alcalde de Ate, Franco Vidal. Cumplí con mi trabajo: preguntar. Preguntar sobre su, para muchos, autoritarismo en la forma en que retira las rejas que, por sobrevivencia ante el vandalismo de las barras bravas del futbol y la delincuencia patrimonial, fueron colocadas en ciertas partes del distrito. Preguntar sobre el uso de fondos públicos en sus cuentas personales. Las respuestas, al parecer, no fueron una declaración, sino una operación. Se decretó una especie de “Yihad” cibernética. Se activó una maquinaria digital diseñada para el amedrentamiento, una estrategia que ya parece ser una firma de su gestión contra la prensa fiscalizadora que ahora muchos normalizan.

El objetivo de esta táctica es claro: despojar al periodista de su rol profesional para atacarlo en su faceta de ciudadano. Al exponer mi DNI, mi dirección y mis datos personales del teléfono, se busca cruzar una línea roja. Se pretende que el miedo a la vulnerabilidad personal reemplace a la obligación profesional de preguntar. Es un intento de demoler la credibilidad del mensajero y, mediante la exposición de su vida privada, el acoso, la suplantación de identidad y ejecución de trámites fraudulentos, intimidarlo hasta el silencio.

Lo que eleva este acoso a un asunto de interés público es la fuerte sospecha de que se financia con recursos del Estado y que el burgomaestre lo celebre. Los indicios de que esta campaña se orquesta desde el entorno municipal, utilizando presuntamente logística y personal pagado por los contribuyentes de Ate, nos colocan frente a un posible delito de peculado de uso. El chaleco municipal, el camarógrafo del distrito, el logo de la gestión; todos son símbolos del servicio público que, en lugar de usarse para informar a los ciudadanos, repito, aparecen en las cuentas personales del alcalde, transformando la gestión en una plataforma de marketing, promoción de su figura y, presuntamente, en un centro de operaciones contra quienes lo critican.

Esto no es un debate de ideas, es el presunto desvío de fondos públicos para coaccionar a la prensa. Es una grave distorsión de la función pública, que viola el principio de neutralidad y convierte el poder en un instrumento de intimidación.

En un país con los niveles de inseguridad ciudadana que padecemos, normalizar o minimizar la exposición de los datos personales de alguien es de una irresponsabilidad alarmante. No es un juego de redes sociales; es un acto que genera un riesgo tangible.

Pero más allá de mi persona, lo que aquí está en juego es un pilar fundamental de la democracia: la libertad de expresión y el derecho de todos los ciudadanos a la información. Cuando se ataca a un periodista de esta manera, se busca enviar un mensaje a toda la profesión: “si preguntas, esta es la consecuencia”. Se intenta crear un ambiente de autocensura, donde la fiscalización se vuelve una actividad de alto riesgo.

Por ello, esta denuncia pública es también un llamado a las instituciones. El Ministerio Público debiera iniciar una investigación de oficio sobre estos hechos. La Contraloría General de la República debe auditar con rigurosidad el uso de los recursos de comunicación y personal en la Municipalidad de Ate.

Nuestro trabajo es preguntar, aunque la respuesta sea una campaña de desprestigio y amedrentamiento. La intimidación no puede, ni debe, convertirse en la línea editorial de un país que aspira a ser democrático. De otro lado, Insinuar que, asustarse legítimamente frente a lo que solo es una “travesura” del ecosistema digital, es producto de la ingenuidad, particularmente en tiempos en donde la extorsión y el hackeo siembran el terror entre nosotros, es de canallas.

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