Pataz y la urgencia de una respuesta estatal coherente, por César Ipenza

(*) Por César A. Ipenza, profesor de Postgrado de la Universidad del Pacífico

La tragedia de Pataz es y será una constante consecuencia de políticas públicas fallidas que facilitan el crimen organizado y la minería ilegal. Este fenómeno merece todo el rechazo social, pero, sobre todo, demuestra que las autoridades han sido y seguirán siendo incapaces de resolver el problema, especialmente cuando también se benefician de esta actividad ilegal. A veces, no hacer nada resulta conveniente para mantenerse en el poder.

La minería ilegal ha evolucionado y se ha convertido en la principal amenaza para la seguridad del país, superando incluso al narcotráfico en términos de violencia y control territorial. En Pataz, esta actividad ilícita ha sido aprovechada por organizaciones criminales que extorsionan, secuestran y asesinan a trabajadores, además de destruir infraestructura minera y energética. La declaratoria de emergencia en la zona ha fracasado: los mineros ilegales continúan operando con total impunidad, convirtiendo la región en una "zona liberada".

Pero Pataz no es la única. Más allá de Madre de Dios, Loreto, Huánuco o Arequipa, la conexión con grupos criminales transnacionales es cada vez más evidente.

La corrupción en diversos niveles del Estado ha permitido que la minería ilegal se perpetúe. El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado para facilitar el tránsito de la minería informal a la formal, ha sido utilizado por operadores ilegales para acceder a recursos y equipos —incluidos explosivos— que facilitan sus actividades delictivas. Además, se han beneficiado de medidas normativas como la exención de responsabilidad penal: es decir, un Fiscal Ambiental no puede procesar por minería ilegal a quien está inscrito en el REINFO.

Es imperativo que el proceso de formalización minera sea revisado y cerrado de manera inmediata. El Estado debe continuar solo con aquellos que han avanzado y mantienen vigente su inscripción en el REINFO; los demás deben seguir la vía ordinaria: cumplir primero, operar después. La actual Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), actualmente en discusión en el Congreso, ha sido criticada por su enfoque sesgado, que podría favorecer a la minería ilegal en lugar de promover una verdadera formalización del sector. En las discusiones participan quienes generan la problemática y buscan el máximo beneficio, desconociendo derechos constitucionales y con el respaldo del Poder Ejecutivo. Es necesario que el Estado implemente medidas efectivas que garanticen la seguridad de los trabajadores y las comunidades.

Nuestros muertos de Pataz son un llamado urgente a la acción. Es fundamental que el Gobierno adopte medidas inmediatas y efectivas para combatir la minería ilegal, erradicar la corrupción que la sustenta y cerrar el proceso de formalización minera que ha sido utilizado para perpetuar la ilegalidad. Solo con un compromiso firme y acciones concretas se podrá garantizar la paz, el derecho al trabajo y el bienestar de la población.

Pero sin un Congreso que represente los intereses de nuestra patria y legisle para todos; sin un Ejecutivo que ejecute lo que le corresponde; y sin órganos autónomos, como el Tribunal Constitucional, que garanticen la aplicación de la ley —como tuvo la oportunidad de hacerlo y prefirió facilitar esta actividad ilegal— no podremos seguir como Estado.

Las responsabilidades son claras, como claros son los rostros de la ilegalidad en cada poder del Estado. Nos toca a cada uno de nosotros recordárselos y exigir que cumplan con su mandato.