La PNP está al servicio político de Fuerza Popular

Un día antes de la gran marcha ciudadana del 21M, llamó la atención el temporal retroceso de los artistas en su apoyo a la movilización. Posteriormente, ellos mismos informaron que el motivo de dicho retraimiento fue causado por mensajes recibidos desde el despacho congresal de la congresista fujimorista Patricia Juárez.

Según información revelada por diversos artistas musicales, la parlamentaria de Fuerza Popular les habría ofrecido una reunión directa con la máxima autoridad de la Dirincri, Marco Antonio Conde, con la finalidad de atender particularmente sus denuncias de extorsión y así desinflar su indignación.

Es evidente que, en medio de la crisis de inseguridad que sufren los peruanos y que ese mensaje resulta vejatorio contra los miles de ciudadanos que sufren día tras día extorsiones que jamás son atendidas por la Policía Nacional del Perú, estas movidas plantean serias interrogantes sobre los vínculos de la congresista Juárez con altos mandos de la PNP.

Entre los pasillos del hall de los Pasos Perdidos, diversas voces internas a las dinámicas congresales sugieren la existencia de un entramado entre ciertas bancadas y la PNP en la que esta atendería requerimientos puntuales dirigidos por Juárez.

Desde una perspectiva política, la maniobra de Juárez revela una inaceptable interferencia por parte del bloque fujimorista con la entidad policial. En otras palabras, que la PNP no opera de manera independiente, sino que se encontraría subordinada a las decisiones de un Poder Legislativo que ha tomado como suyo el control de una institución que ha sufrido un innegable deterioro y que se traduce puntualmente en la ola de asesinatos por extorsión que afectan, sobre todo, a los más pobres del país.

La defensa del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, vinculado al fujimorismo desde siempre, a favor de Juan José Santiváñez, es un indicativo claro de un problema sistémico que, por las evidencias, se adentraría en el ámbito del crimen organizado enquistado en el parlamento.

En medio de una creciente violencia, que ha llevado a registrar al menos 4.158 asesinatos desde el inicio de la administración de la alianza gobernante, esta dependencia refleja la hipocresía de su lideresa y sus operadores ante el desborde criminal del país.