La Constitución selectiva, por Diego Pomareda

En el siglo XXI, las democracias ya no mueren “de golpe mediante golpes”, como señala Gargarella, sino que se desmoronan gradualmente mediante el uso estratégico y fraudulento de las disposiciones constitucionales. La doctrina del constitucionalismo abusivo, tan presente en el caso peruano, argumenta que la democracia se erosiona a través de tácticas como la interpretación selectiva de la Constitución.

La frase “para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”, que se asocia al expresidente peruano Óscar Benavides, describe muy bien este último fenómeno y es algo que viene poniendo en práctica una mayoría parlamentaria en los juicios políticos, la remoción de autoridades y en las vacancias presidenciales, en los que son rígidos o flexibles en función de quién se tenga al frente.

Un caso revelador de lo dicho es el que surge tras la reciente conclusión del Ministerio Público: la confirmación de que la presidenta Dina Boluarte cometió plagio, lo que llevó a exigir el retiro de su texto de la Biblioteca Nacional. Aunque en términos penales, el asunto está cerrado debido a la prescripción del delito, quedan pendientes las implicancias morales de este acto comprobado.

¿Qué fue lo que firmaron más de 60 congresistas en noviembre del 2022 con la vacancia presentada contra Pedro Castillo? En la Moción nº 4904 suscribieron: “El plagio es una falta grave de conducta académica, (…) lo que demuestra la falta ética y poca credibilidad del jefe de Estado, quien copió páginas enteras de distintos artículos”. Ahora, los mismos congresistas ¿qué dicen sobre lo confirmado por la Fiscalía? Nada.

Este silencio es un caso evidente de la aplicación selectiva de la Constitución, que es una de las “tácticas constitucionales duras” a las que refieren Levitsky y Ziblatt, lo cual contribuye a la implosión de la democracia, más aún si quienes definen qué es moral o inmoral son los integrantes de una misma composición parlamentaria.

En consecuencia, el uso arbitrario de la Constitución como instrumento de poder no solo desacredita al Parlamento, sino que también contribuye al menoscabo de la democracia. Finalmente, el hecho de que una misma conducta sea juzgada de manera distinta según las conveniencias políticas pone en evidencia que el propósito real de la vacancia nunca fue preservar la dignidad presidencial.