Las constituciones de los Fujimori, por Diego Pomareda

Esta semana, la Comisión Permanente aprobó, en primera votación, la restitución de la firma en la Constitución del líder histórico del partido fujimorista, grupo que preside la comisión que se encarga de las reformas constitucionales en el Congreso desde que inició el presente período parlamentario.

Aunque parezca paradójico, este me parece uno de los actos más coherentes de esta mayoría parlamentaria abusiva desde que asumió el poder. Rebautizar esta Constitución como la de los Fujimori conecta muy bien sus orígenes dictatoriales propiciados por el padre con su actual vocación autoritaria promovida por la hija.

Esto quiere decir que el hipo democrático que tuvimos en las dos décadas posteriores al retiro de la firma (2001), y donde la Constitución se fue legitimando por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sus múltiples reformas democráticas y sus resultados en la vida de los peruanos, queda como un paréntesis valioso e inusual dentro de nuestra vida republicana.

La Constitución de 2021-2026, al igual que los inicios de la Constitución de 1993, textos que se vienen hermanando por la firma de Fujimori, tienen una misma esencia autoritaria, con la única diferencia de que, en términos de Ginsburg y Huq, la primera fue producto de un colapso dictatorial y la segunda, el resultado de una erosión democrática, que venimos presenciando desde el 2016.

Esta regresión y deterioro democrático, del cual también es responsable Vizcarra con sus interpretaciones forzadas de la Constitución y Castillo con su autogolpe absurdo, ha llegado a consolidar, dentro de nuestro régimen híbrido, un claro autoritarismo parlamentario, del cual se saca lustre con la reivindicación de un dictador como lo fue Alberto Fujimori.

Por eso, no veo acto más consecuente por parte de este Congreso que a la actual Constitución inorgánica, que se caracteriza por un claro desequilibrio entre poderes, cuestiones de confianza debilitadas, participación ciudadana casi inexistente y que ha incorporado una bicameralidad a espaldas de la ciudadanía, lleve el sello de un partido sistemáticamente antidemocrático.

Esto, más aún, si se realiza en el 2025, año en el que probablemente se dará la estocada final a lo que nos queda de Estado de derecho al buscar interferir de forma directa en la independencia judicial y en los órganos electorales. De consolidarse lo antes dicho, pienso que el Congreso pone las cosas en su sitio al restituir el apellido Fujimori en una Constitución que favorece al autoritarismo.