La Corte Penal Internacional es otra víctima del 7 de octubre, por Eran Yuvan

(*) Por Eran Yuvan, Embajador de Israel en Perú

En 1998, en el momento de la adopción del estatuto de la Corte Penal Internacional, el jefe de la delegación de Israel, el juez Eli Nathan, manifestó tanto esperanza como miedo por su futuro. En su carácter de sobreviviente del Holocausto y humanitario de toda la vida, esperaba que la Corte cumpliera plenamente su función de terminar con la impunidad de los crímenes más graves. No obstante, habiendo sido testigo de una preocupante politización del estatuto de la Corte durante las negociaciones para la redacción - incluida la inclusion intencional de disposiciones específicamente diseñadas para señalar y atacar a Israel - temía que los objetivos de la Corte se pervirtieran con fines politicos. Incluso cuando explicó que Israel no podia acceder a un estatuto tan politizado, Nathan expresó la esperanza de que prevaleciera el sentido común y el Tribunal “sirviera a los nobles objetivos para cuya consecución se estaba estableciendo”.

Un cuarto de siglo después, parece claro que son los temores del juez Nathan, y no sus esperanzas, los que se han concretado. Lejos de terminar con la impunidad de graves crímenes, la emisión de órdenes de arresto por parte de la Corte para el primer ministro y el ex ministro de Defensa de Israel, junto a un líder de Hamás (aparentemente fallecido), es un regalo perverso para la organización terrorista. No sorprende, pues, que Hamás emitiera una declaración pública dando la bienvenida a las órdenes de detención poco después de la decision de la Cámara. Esto crea una equivalencia obscena entre los asesinos y violadores del 7 de octubre y las víctimas que se defienden de Hamás, que ha jurado cometer tales masacres “una y otra vez”. De hecho, la Corte ha ido más allá de la equivalencia, dirigiendo el cargo de ataques intencionales contra una población civil a Israel, pero no a Hamás,que más allá de las masacres del 7 de octubre ha continuado disparando miles de misiles contra Israel.

La emisión de las órdenes también ignora un principio clave del estatuto de la Corte - la complementariedad. Este establece que el Tribunal solo puede tener jurisdicción cuando los tribunales locales no pueden o no quieren actuar. Hamás, está claro, no tiene intención alguna de investigar sus propias atrocidades. Por el contrario, considera que cada víctima civil, tanto palestina como israelí, es un éxito perverso. Israel, por su parte, tiene un sistema jurídico riguroso que ha demostrado estar dispuesto y ser capaz de investigar y perseguir las violaciones del derecho internacional.

De hecho, el compromiso de Israel con el mantenimiento del Estado de derecho fue elogiado por el propio fiscal de la CPI cuando visitó Israel, tras la masacre de octubre. Destacó que “Israel tiene abogados capacitados que asesoran a los comandantes y un sólido sistema destinado a garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario.”

Los presuntos crímenes reflejan también una desconexión de la realidad. Las órdenes judiciales acusan a Israel de matar deliberadamente de hambre a los gazatíes, a través de la imposición de un “sitio total”, pero no hacen referencia al más de un millón de toneladas de alimentos, suministros médicos y otras formas de ayuda, entregadas por cerca de 60.000 camiones, incluso mientras Hamás continúa reteniendo a más de 101 secuestrados incomunicados, dispara misiles contra Israel y roba ayuda y suministros destinados a los palestinos.

Resulta difícil evitar la impresión de que el fiscal trató de reforzar su decisión de impulsar órdenes de arresto y ocultar estas discrepancias, remitiendo las evidencias a un panel de “expertos imparciales”. La Corte insiste en que las declaraciones de los testigos y las pruebas periciales que se transfirieron son “confidenciales”, pero si fueron seleccionadas siguiendo el mismo criterio que el panel de expertos, ello plantea serios motivos de preocupación.

El panel “imparcial” incluyó numerosos miembros que ya han realizado públicas acusaciones críticas contra Israel. Lo más preocupante, sin embargo, fueron sus campos de especialización. Muchos fueron promocionados como abogados de derechos humanos, pero apenas había alguien familiarizado con la experiencia militar y las leyes de los conflictos armados. El resultado fue un panel que no podía dedicarse a la tarea fundamental de deliberar, con experiencia militar, sobre lo que es necesario y permisible en defensa contra los continuos ataques con cohetes y la brutal retención de los secuestrados. Si se incluyera en el panel, a expertos de esta clase, pues se presentaría una perspectiva sumamente diferente, como la de John Spencer, jefe del Centro de Estudios de Guerra Urbana del Instituto de Guerra Moderna West Point:

“Nunca he conocido a un ejército que tome dichas medidas a fin de atender a la población civil enemiga, especialmente, mientras combate simultáneamente al enemigo en los mismos edificios. De hecho, según mi análisis, Israel ha implementado más precauciones para prevenir daños civiles que cualquier ejército en la historia”.

En la Conferencia de la CPI de 1998, el juez Eli Nathan, expresó su peor temor en referencia a la Corte - que se convirtiera “apenas en un foro político más del cual abusar con fines políticos por parte de un grupo irresponsable de Estados, conforme a su capricho político”. Trágicamente, la propia Corte acaba de aproximarse un paso más a esa triste predicción.