Respuesta a Guillermo Lasso e Iván Duque, por Guido Croxatto

Iván Duque, expresidente de Colombia, publica una columna en Infobae, luego de que hiciera lo propio, siete días antes, Guillermo Lasso, banquero y expresidente de Ecuador, ambos en un mismo sentido: apoyar a Keiko Fujimori. En ambos casos se alimenta una paradoja: se pide dejar atrás “resentimientos históricos” (Lasso), no exponer el país a una nueva “fractura” (Duque), pero se pide que el apellido que mejor representa y encarna ambas cosas —la fractura y el “resentimiento”— y que es el responsable directo de la polarización constante que vive el país desde hace varias décadas (el apellido Fujimori) permita superar la enfermedad política. Es una paradoja. Podríamos llamarla la “paradoja Lasso-Duque”, para retratarla con nombre y apellido. ¿Cómo pedirle al apellido Fujimori, responsable de crímenes de lesa humanidad, que partieron en dos a la sociedad y que todavía la victimizan, (crímenes que ONU-CEDAW retrata en 2024 como de lesa humanidad, cometidos por congresistas y exministros de su padre) que encarne la “reconciliación”? ¿No es contradictorio? Más aún: como esta es la cuarta vez consecutiva que Keiko Fujimori se presenta, siempre con un mismo resultado, ¿no es acaso, como diría Rafael López Aliaga, la responsable directa y principal de mantener la “polarización constante” que otro candidato de derecha —menos asociado al pasado y la “fractura”, incluso uno más “radical”, pero nuevo— tal vez no generaría? No es casual que López Aliaga y otros aparecieran como triunfadores frente a Fujimori, siendo ellos también de derecha, incluso más extremistas, pero con un apellido sin mácula, sin “resentimientos históricos”, sin “fracturas” detrás. Pero Fujimori también sería derrotada por Roberto Sánchez, que es de izquierda. Esto expone un rechazo que no es partidario ni ideológico: es “transversal”. El “antivoto” de Keiko es la fractura, justamente. No es ni de derecha ni de izquierda: es más que eso. Por eso Duque y Lasso se contradicen. No tienen un buen argumento para pedir el voto por la candidata de la fractura y la desunión que el país debe dejar atrás.

Finalmente, Lasso exhibe cierta ignorancia sobre el proceso político cuando, sin advertir la forma en que han sido lastradas las instituciones jurídicas del Perú (Fiscalía de la Nación, Defensoría, Procuraduría General, etc.) desde el Congreso (dominado por el fujimorismo), entiende que este representa la “convicción democrática” y el regreso a la “estabilidad”. Es al revés. Son dos cosas que han brillado por su ausencia todos estos años, en los que cada opositor ha sido perseguido e inhabilitado (pienso en Martín Vizcarra; otros esperan un salvoconducto tras haber sido ya asilados) y en los que hasta los funcionarios judiciales, que gozan de protección reforzada, han sido desplazados de sus cargos (fiscales, jueces, etc.) por el solo hecho de no “acordar” por debajo de la mesa. Es decir, por ser “independientes”, fueron removidos. Segunda contradicción “institucional”. Ordoñez y Espinosa son dos ejemplos. Pero hay otros.

Finalmente, pero no menos importante, vale la pena insistir en que la vacancia de Pedro Castillo, con prescindencia de nuestra opinión política sobre él y su famoso discurso, se llevó adelante contraviniendo la matemática. Violando el reglamento del Congreso. Hacían falta 104 votos para que el “acuerdo inmediato” fuera válido. Pero solo se obtuvieron 101 votos para una vacancia “exprés”. Eso está constitucionalmente prohibido, aunque a algunas congresistas, como Adriana Tudela, de Avanza País, todavía les cueste entenderlo tres años más tarde. Con 101 votos no se puede vacar a nadie de forma “inmediata”, como hicieron aquel día con Pedro Castillo. Parece un vicio menor. Un vicio de “procedimiento”. Pero no lo es. Porque cada voto cuenta (“El congreso funciona con votos”, se escuda Norma Yarrow, congresista, senadora electa de un Senado curioso, que había sido rechazado en referéndum, con votos también de la ciudadanía, cuando ya amenaza con vacar a Roberto Sánchez, que todavía no ganó: se escuda en que es legítimo hacerlo desde el Congreso “con votos”, y tiene razón: si están los votos…). Por eso se exige un número determinado (104) y no otro. Porque el Congreso funciona “con votos”, como dice Yarrow, y el número que se precisa es representativo de un cálculo democrático, y no de un capricho formal con la matemática. Es un piso mínimo que se fija por algo. No se puede vacar a nadie con menos que el mínimo. Sería bueno que Lasso (que es banquero) y Duque, que hablan de “estabilidad” desde Colombia, de “convicción democrática” y demás, se informaran un poco mejor. Conocieran los reglamentos y las leyes del hermano país. En el caso de Tudela es aún peor: desconoce abiertamente el reglamento del órgano que integra.