Nueva ilegalidad: rentable, flexible, temible, por Mirko Lauer

Políticamente hablando, la minería ilegal es un enemigo de cuidado. Los mineros que caen bajo ese nombre, más los que se acercan al nombre, son numerosos; su táctica suele ser flexible, están por casi todo el territorio y tienen recursos para resistir un buen tiempo. Además, tienen aliados y representantes en los poderes del Estado.

Pero no estamos ante un bloque. Hay zonas donde hay una tradición más o menos larga, como Madre de Dios y localidades de Nazca. También hay lugares donde la cosa recién comienza. Asimismo, hay escenarios violentos y otros perfectamente pacíficos. Esta variedad no ha permitido una estrategia estatal única y eficaz.

Las descripciones varían y van desde la visión de un gremio que, gracias a su crecimiento y a los precios del oro, ha superado las ganancias del narcotráfico local, hasta campesinos que se ayudan en la pobreza escarbando algunos minerales vendibles. El problema está en el primer aspecto, que ya viene con intentos de secuestrar minas de mediano tamaño concesionadas por el Estado.

Los nombres van desde minería criminal (asesinatos y atentados en el distrito minero de Pataz), y se suavizan hacia minería ilegal, para aterrizar en minería informal y, finalmente, minería artesanal. La variedad denota distintos volúmenes de negocio y, en esa medida, distintos grados de confrontación con el Estado, allí donde la hay.

La estrategia de bloqueo de carreteras de Arequipa, Ica, Nazca o Huancavelica, en estos días, es trillada, pero les va funcionando algo mejor que los paros de los transportistas. Aunque son dos cosas diferentes: los mineros quieren tolerancia con un negocio ilegal que produce muchos millones; los transportistas quieren la solución de un problema social y de seguridad.

A estas alturas, el sector empresarial, sobre todo la minería formal de todo tamaño, está haciendo más contra la ilegalidad minera que el Estado. Este último, por todas partes, los está apoyando asolapadamente, salvo allí donde estalla la violencia. La pugna por y contra el alargamiento del Reinfo es un claro ejemplo de esto.

Da la impresión de que una parte del actual Congreso está perfectamente saturada de influencia minera ilegal. Eso, unido a la ineficiencia política del Ejecutivo, no permite vislumbrar una solución a corto plazo, sino más bien el agravamiento de la situación. Algo parecido va a suceder con Petroperú, mucho antes de lo que se piensa.4o