28S y la lucha por la despenalización del aborto, por Las Tejedoras

¿De qué vale una ley que prioriza la salud y la vida de las gestantes si no se cumple? Es la pregunta que nos harían los más de 2.000 mujeres que murieron en los últimos cinco años, y las al menos 14.000 que viven con graves secuelas. Situaciones que nunca debieron ocurrir si su derecho a no enfermar ni a morir por un embarazo hubiera sido reconocido.

Al Estado le tomó 90 años aprobar el protocolo de aborto terapéutico, después de que la justicia internacional exigiera el cumplimiento de nuestras propias leyes. Hoy, después de una década, existen mejoras, pero no son suficientes para erradicar la arbitrariedad y crueldad que persisten en los servicios de salud.

¿Qué impide que algo tan básico y elemental como evitar un daño grave y permanente no se garantice? Hay al menos dos razones: a) Las mujeres siguen siendo consideradas sacrificables. Mientras la paternidad es una opción, la maternidad es una condición ineludible y, por ende, el aborto no se concibe como una posibilidad; b) la criminalización de una decisión reproductiva convierte a las mujeres en enemigas de sus propios embarazos, lo que anula la mínima autonomía sobre su propio cuerpo.

Son 100 años en los que el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones no se cumple. Quienes se oponen de manera absoluta al aborto también se oponen a la anticoncepción, lo que nos pone muy detrás de nuestros países vecinos como Chile, Ecuador y Bolivia, donde el aborto por causales como violación se incluye en sus leyes. Más aún, nos aleja de países que no criminalizan el aborto, donde son las mujeres quienes deciden continuar o no con un embarazo, como en Colombia y Argentina.

Garantizar el acceso al aborto no punible, como señala el Código Penal, es apenas un mínimo indispensable para la sobrevivencia de las mujeres. Sin embargo, aún estamos muy lejos de ser un país que se precie de ser democrático y de respetar los derechos humanos de las mujeres y de permitir que estas vivan con dignidad.

(*) Susana Chávez Alvarado, feminista, obstetra. Directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex)