Ya se volvió a enfermar Fujimori, la selección jugará otro partido de futbol, Dina Boluarte y su buzo de los simpsons está en China, ya unos sicarios mataron a otros sicarios, en fin, lamentablemente, la noticia de violaciones sistemáticas en la Amazonía peruana, provincia de Condorcanqui, puede convertirse en un periódico de ayer.
Si se hace público un hecho terrible, espeluznante, diría yo, que implica el abuso sexual y contagio de VIH a cientos de niños y niñas de toda una comunidad, uno esperaría que, de inmediato, apenas conocido, los ministros del sector acudan a la zona y que algún o algunos congresistas también lo hagan y empiecen, conjuntamente, una investigación y diseñar una política de estado para evitar que esa barbaridad siga ocurriendo. Eso sería lo lógico en una nación cuyas autoridades son medianamente empáticas y respetables. Aquí, en nuestro Perú, nada de esto sucedió. Cuando se conoció, gracias a este diario, que el Consejo de Mujeres awajún y Wampis había denunciado más de 500 violaciones ante la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) entre 2010 y 2024, en la región amazonas, a cargo de sus propios profesores, recordemos las inenarrables declaraciones del inenarrable ministro de educación Morgan Quero:
“Vamos a trabajar con los hermanos Awajún, porque estoy seguro que debe haber un tipo de solución que debemos encontrar entre todos para zanjar esta situación. Denunciar si ha habido una violación. Si es una práctica cultural, lamentablemente que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad con relación a los descargos que correspondan”, esta fue la vergüenza, literal, del ministro Quero respecto a los abusos sexuales que han sufrido cientos de niños y niñas Awajún.
En esa misma línea, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, respaldó las atroces declaraciones de Morgan Quero: “Se trata efectivamente de prácticas culturales que debemos desterrar, informar a las niñas y las adolescentes, sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales y, si lo van a hacer, que sea protegido”, dijo.
Pues bien, ese par de funcionarios está a cargo de carteras cruciales y, como si la oscuridad de sus declaraciones no hubiera sido suficiente, tampoco acudieron a la citación del congreso. Antier, a su llegada a Huancayo, fue otra ministra de un sector involucrado, el de Cultura, la que aportó su cuota, la ministra de Leslie Urteaga, se negó a responder sobre las violaciones sexuales. “Esas preguntas están fuera del lugar”, dijo incómoda Urteaga, tras reconocer que los abusos a menores amazónicas se registran desde hace más de 10 años. “Ningún gobierno se hizo cargo”, agregó. ¿Cómo justificar sus ausencias a la comisión del congreso? Imposible hacerlo. La participación de estos tres ministros iba a ser parte de la octava sesión extraordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que se ejecutaría en una sesión conjunta con la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia.
Una censura es lo mínimo que se merecen, pero, ¿quién los sucedería? De otro lado, ¿algún congresista de sectores conservadores vinculados a “Con mis hijos no te metas” se ha manifestado con energía, ¿ha propuesto ir a la zona? No. Por último, las declaraciones del fiscal de Condorcanqui, Erlin Medina,quien sí se presentó a la comisión, fueron desoladoras, pues afirmó que “Condorcanqui no cuenta con laboratorios, la división médico legal está en Bagua. (Las víctimas) a veces tienen que ir a Lima o Chiclayo. Solo tenemos una psicóloga en Condorcanqui, por la distancia muchos no se presentan a los concursos”.
Lo peor, sin embargo, fue el hecho de que revelara que los propios Apus de ls comunidad dificultan su trabajo, que impiden las capturas y que, incluso, sancionan estos delitos a su manera, lo cual es inviable: la Constitución Política del Perú en su artículo 149 establece que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el Derecho Consuetudinario, pero, esto, siempre y cuando no se vulneren los derechos fundamentales de la persona. Se especifica que la ley establecerá las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial. Qué país.