No es muy alentador que una reciente encuesta nacional exprese que la única “salida” sea el adelanto de elecciones. Es, sin duda, una de las posibles respuestas ante el desastre actual. Pero es cortoplacista y huele a un remedio que podría ser peor que la enfermedad.
Ante el colapso democrático producido por el Pacto Corrupto, es una pena que para buena parte de la población la “salida” sea ese paso incierto, pues la gran mayoría no tendría un candidato por el que le gustaría votar.
El Pacto Corrupto nos ha hecho tocar fondo. En la institucionalidad, el sentido ético y en valores democráticos: un gobierno en el piso, récord en ilegitimidad e ineficiencia. Su cabeza —Boluarte— investigada por el fiscal de la Nación por delitos comunes. Su contraparte, un Congreso de horror con 67 congresistas que portan 729 denuncias activas de la Fiscalía. ¡Récord mundial!
La facilista “salida electoral” que recoge sería una “ventanita” ilusoria. Pasaríamos a algo poco estimulante: entre “la sartén o las brasas”. Además, con la dispersión de votos, que buscó este Congreso —eliminando las PASO—, cualquiera puede llegar a segunda vuelta. Como ya ocurrió.
Llama la atención que nos encontremos tan paralizados. Sin que la sociedad civil marque la ruta de salida, como sí lo hizo el 2000. La sociedad peruana está desaprovechando su rica historia. Supo poner contra las cuerdas a la autocracia del fujimorato, involucrar a la comunidad internacional y promover diálogos democráticos nacionales. Eso hizo posible la ejemplar transición democrática del 2000. De esa transición hay recuerdos, nostálgicos para algunos. Pero útiles.
Una sociedad civil en acción, por ejemplo. A través de organizaciones de ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y de lucha contra la corrupción: levantaron banderas de denuncias y propuesta. No conservan vigencia hoy, lamentablemente, todas las que cumplieron gran papel. Excepción importante: la Coordinadora de Derechos Humanos.
Pero el silencio y la falta de vigor marca ahora a muchas otras. Que no atinan a reaccionar ante el Pacto Corrupto. La organización que varias instituciones creamos en la transición el 2002, precisamente para fortalecer la ética pública, por ejemplo, hoy languidece en la inacción.
Si en la transición democrática del 2000 tanto la movilización popular como la unidad de la oposición a la autocracia fueron cruciales, las gestiones internacionales fueron decisivas. Experiencia a tener en cuenta ahora.
Para que se pusiera el “foco” en el Perú se impulsaron, entonces, gestiones diplomáticas y se pudo poner en acción una mesa de diálogo, conducida por el secretario general de la OEA. Fue crucial para que la transición se diera y fuera pacífica. Nada de eso fue casualidad, sino resultado de gestiones y acciones desde la oposición democrática. Se propuso actuar dentro del país y en el sistema interamericano con varias acciones que se pueden resumir en tres.
Primero, logrando en el 2000 que la autocracia y la represión en el Perú se trataran por el Consejo Permanente de la OEA. Allí se analizó la grave situación que amenazaba las condiciones democráticas del proceso electoral peruano. El régimen solo buscaba —como fuera— la reelección del autócrata. El Consejo vio el tema tan serio que lo derivó a la Asamblea General para que lo discutiera en mayo del 2000.
Segundo, acto fundamental —y contundente— conseguido por las fuerzas democráticas en la OEA: Asamblea General, Windsor, Canadá (2000). Que lo abordara la Asamblea fue elevarlo a la instancia más importante de la organización. La sociedad civil peruana había ganado su espacio: derrota política internacional del régimen.
Tercero, el acuerdo adoptado en la Asamblea: enviar al Perú la Misión de Alto Nivel: el canciller canadiense Lloyd Axworthy y el secretario general de la OEA, César Gaviria. La Misión hizo gran labor. Generó la mesa de diálogo, un espacio para una solución conducida y manejada desde adentro por peruanos.
La mesa de diálogo fue decisiva para lograr una transición democrática. Sin violencia, venganzas ni persecuciones. Iniciando el desmontaje de la maquinaria autoritaria y haciendo posible que la oposición democrática, unida, fuera consultada en decisiones de fondo, pese a que Fujimori todavía estaba en el Gobierno.
Obviamente, el contexto era singular: se había tornado inviable el manejo discrecional e inconsulto de las decisiones gubernamentales. Tenía que consensuar con la oposición en la mesa de diálogo. El “empujón final” fueron la divulgación del video Kouri-Montesinos y el descubrimiento de sus abultadas cuentas.
En la transición democrática, desde el gobierno democrático propusimos el 2001 al mundo y América la Carta Democrática. La experiencia de lo recorrido la generó. En ella, pieza esencial ante situaciones de crisis democrática son, precisamente (art. 20), “las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios”. Lo que incluye, por cierto, espacios de interacción como las mesas de diálogo.
Eso es precisamente lo que se busca. Espacios de diálogo —no “sanciones”—. Varias personas e instituciones desde el Perú venimos planteando que se aplique ya la Carta. La “bola” está en la cancha de la OEA, para que adopte la decisión pertinente.