Monteagudo pone los puntos sobre las íes

La última decisión de la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional para retrotraer la medida cautelar del Poder Judicial ha sido ampliamente rechazada por los más importantes expertos constitucionalistas de nuestro país.

El auto que declaró fundada en parte la solicitud del Congreso básicamente dejó sin efecto la reposición inmediata de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia Inés Tello y Aldo Vásquez, la cual fue ordenada por la Corte Superior de Justicia de Lima en atención a la protección de sus derechos fundamentales.

Sin embargo, ante esta catástrofe jurídica, nuevamente ha llamado la atención el voto singular de dos tribunos del máximo órgano de interpretación jurídica del país. Se trata del magistrado Helder Domínguez Haro y Manuel Monteagudo.

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La República pudo conversar con el último mencionado, quien fue enfático en sostener que dicha resolución aprobada mayoritariamente en el TC es contraria a toda nuestra jurisprudencia.

No obstante, lo más preocupante ha sido el precedente que este sentaría sobre la autoridad del Poder Judicial frente a las garantías que en democracia se deberían proteger.

Se trata de la limitación al ejercicio razonable de los mecanismos cautelares que, en un sistema de justicia moderno, deberían garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales, como es el respeto al debido proceso, sin perjudicar la obtención célere de la justicia.

Monteagudo parece remar solo, junto con Domínguez Haro, contra una mayoría en el TC que viene destruyendo el principio de constitucionalidad y varios otros que de él se desprenden. Un TC que viene colocando a nuestro país en una inminente inseguridad jurídica que no solo afectará a los miembros que hoy el Congreso del pacto mafioso persigue, sino también cualquier otro posible acto emprendido por un ciudadano o inversionista, que no encontraría previsibilidad ni garantía de derechos en nuestro marco legal nacional.