Darle un futuro a Petroperú, por Augusto Álvarez Rodrich

Es largo y complejo el camino para que Petroperú se transforme del corrupto e ineficiente barril sin fondo de los recursos públicos de todos los peruanos que es hoy, a una empresa competitiva con buen gobierno corporativo que contribuya al progreso del país y de sus ciudadanos, pero los anuncios de anteayer constituyen un buen primer paso que ojalá se sostenga.

El cambio de directorio con la misión de reestructurar a fondo la empresa —estableciendo objetivos, reduciendo costos, recomponiendo finanzas, precisando áreas por las que avanzar—, y la convocatoria a inversionistas para seleccionar al nuevo operador del lote X, al menos anuncian la intención de un nuevo rumbo de Petroperú.

El anuncio del ‘apoyo’ a Petroperú de US$1,300 millones preocupa por competir con otros fines esenciales del país en un contexto de recursos limitados, pero puede entenderse que salir del hoyo cavado en varios años de malos manejos tiene un costo que debe ser correctamente administrado por el nuevo directorio para avanzar en el proceso de reestructuración general.

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Proceso que recién arranca y que debe superar obstáculos grandes. Unos son internos: el enfrentamiento a mafias antiguas en las gerencias y sindicatos en complicidad con proveedores.

Los otros son externos y tienen que ver con la prédica pública en distintos espacios en contra de la reforma de Petroperú, sea por intereses creados o por ideologización anquilosada.

Esto obliga al nuevo directorio a asegurar respaldo político del gobierno, y a comunicarse con transparencia ante el país —a diferencia del previo, que trató de evitar su final con comunicados embusteros—, y estar dispuesto a debatir su estrategia, lo cual tiene un interés público evidente pues compromete recursos de todos los peruanos.

Y con una mirada de mediano plazo se debe abrir el debate sobre el futuro de Petroperú a todos los escenarios, no descartando la privatización en alguna de sus múltiples esquemas, posibilidades y proporciones, la cual hoy es inviable, pero no en el futuro tras la reestructuración, pensando en la conveniencia del país y de sus ciudadanos, en vez de los intereses de las mafias alrededor de la compañía o del club añorante de la ilusión absurda de la sociedad estatista.