Las banderas que se eligieron para lavar, por Augusto Álvarez Rodrich

En el colapso institucional peruano que aún no toca fondo es clara la responsabilidad de la política y de sus entidades centrales, pero no debe menoscabarse el papel de la sociedad civil e instancias afines en el cambalache.

El congreso es, desde hace mucho, un poder mediocre y corrupto en el que, con escasas excepciones, sus integrantes son verdaderos delincuentes.

La justicia es otro espacio decadente que sigue ofreciendo señales penosas, como un ministerio público convertido en territorio comanche con fiscales que se atacan unos a otros en alineamiento con el interés de sus patrones de la política. En el MP se hace política —y billete— en vez de justicia.

Y el poder ejecutivo y los gobiernos regionales y municipales están plagados de ineficiencia y de corrupción, un dúo que se alimenta uno al otro.

PUEDES VER: Congreso promueve otro golpe contra la JNJ

¿Tiene solución esto? Claro que sí, pero es difícil porque la corrupción de la escena oficial tuvo la complicidad frecuente de la sociedad civil, la academia y medios que reaccionaron en función de intereses en vez de principios basados en criterios estándares para evaluar el caso al margen de quién se trate.

Para que quede claro lo que se quiere plantear: en estos ‘tiempos modernos’ la corrupción solo es corrupción si el investigado es alguien con pensamiento distinto al de quien tenga alguna capacidad de influencia no oficial en la sociedad: la academia que analiza lo mismo con prisma distinto según la ideología del corrupto; medios que pactaron con autoridades —como los fiscales anticorrupción— información privilegiada a cambio de ‘buena prensa’, como lo practicaron un portal y un par de unidades de investigación, la del gran diario y la de un dominical de TV; o las ONG que ante la corrupción preguntan primero de quién se trata para recién luego pronunciarse, y que salen a morder en defensa de su cliente, acusando, por ejemplo, de fujimorista a quien critique a sus proveedores de la fiscalía lava jato —Vela y Domingo Pérez— por una actuación politizada, que comete arbitrariedades y que, ocho años después, no da resultados útiles para la lucha anticorrupción en el país.

Banderas selectivas que la sociedad civil de los últimos tiempos eligió lavar de modo selectivo, por intereses en vez de principios. Eso debe cambiar.