Alcaldes que no debieron serlo, por Paula Távara

Los gobiernos locales, es decir, las municipalidades, son una parte importantísima del Estado y muy relevantes para crear valor público, es decir, bienestar para sus vecinos y vecinas.

Cuando elegimos a alcaldes y alcaldesas, estamos eligiendo al nivel de gobierno más cercano a nuestras vidas, aquel que toca nuestra cotidianidad, al garantizarnos pistas, veredas, recojo de la basura, alumbrado público, espacios recreativos y servicios que, aun si no se usan a diario, requieren de un nivel de cercanía con la ciudadanía que un gobierno regional o nacional no puede dar en primera instancia, como la protección de menores, la atención a personas con discapacidad, el apoyo alimentario.

El tiempo y la ampliación de lo que entendemos por bienestar ha ido dando también a este nivel de gobierno tareas vinculadas con la promoción de la cultura y la recreación, entre otros.

Joan Subirats, uno de los mayores especialistas en gobiernos locales, nos dirá que “cada vez se hace más difícil desde ámbitos centrales de gobierno dar respuestas universales y de calidad a las demandas de una población menos indiferenciada, más consciente de sus necesidades específicas (…) asumiendo así los gobiernos y servicios descentralizados una nueva dimensión como distribuidores de bienestar comunitario”.

PUEDES VER: Guerra informativa: por la razón o por la fuerza, por René Gastelumendi

Del mismo modo, el antropólogo y politólogo Mark Moore dio a conocer el concepto de valor público, el mismo que puede ser entendido como la satisfacción o mejora en bienestar de sus ciudadanos, creado por los servicios, normas y actuaciones del gobierno. Así, mientras en el sector privado el éxito de sus directivos se medirá en el incremento de ganancias monetarias, en el sector público el éxito de las autoridades y funcionarios públicos se encuentra en la creación del mayor valor público para su ciudadanía.

Estas ideas sobre el bienestar comunitario y el valor público han vuelto repetidas veces a mi mente en las últimas semanas, a raíz de algunas actuaciones municipales en las que encuentro imposible identificar bienestar o valor público alguno.

Porque ¿qué bienestar colectivo se puede generar prohibiendo actividades recreativas en los parques de Miraflores?, ¿qué valor público genera que en pleno verano de altísimas temperaturas se talen árboles que dan sombra en una ciudad desierto donde un árbol es casi un privilegio?, ¿qué valor genera retirar todos los bancos de la avenida Larco, por la que circulan ciudadanos de todas las Limas, eliminando la posibilidad de descanso, reposo o convivencia para los peatones? Prohibir lo público desde el gobierno de lo público. Vaya contradicción.

PUEDES VER: Carta desde Gibraltar, por Mirko Lauer

Nuestras autoridades municipales parecen negarse a una visión de la gestión municipal de bienestar para sus vecinos, por una que se centre en bienes privados. Solo eso puede explicar que municipios como Magdalena o Lince eliminaran zonas ganadas a la peatonalización para recuperar estacionamientos (por los que, por supuesto, cobran) y circulación de vehículos particulares.

Lo que hay detrás de estas actuaciones es directamente una renuncia al sentido mismo de gobierno municipal. Una especie de reconocimiento de la incapacidad de sus servicios de resolver problemas públicos, buscando respuestas en dogmas sobre las ventajas de los servicios privados. Solo esto puede estar detrás de una decisión como la del alcalde de Magdalena de contratar vigilancia privada para cuidar de los serenazgos de su distrito: “la Policía no funciona y no creo que funcione, yo no sé cómo obtener seguridad si no es con armas, entonces contrato a los que tienen armas”. Esto dejando de lado los graves supuestos de alianzas ilícitas con proveedores privados.

Esto nos remite a uno de los más graves problemas y preocupaciones de los habitantes de esta ciudad, la inseguridad ciudadana, y a la absoluta falta de liderazgo y de visión que los municipios han tenido en este sentido.

PUEDES VER: Paolo Guerrero y la inseguridad

Nuestros alcaldes se han sacudido de la responsabilidad de atender un problema cotidiano e importantísimo en la vida de sus vecinos pidiendo declaratorias de estado de emergencia con presencia militar, que como bien sabemos es un cuerpo público que no está formado para atender el delito ni puede en realidad actuar en estas situaciones. El resultado de meses de estado de emergencia fue que todo siguiera igual o peor, pero ninguna de las autoridades ediles ha salido a plantear nuevas apuestas que sí les involucren en la creación de bienestar colectivo para sus vecinos.

Quizás, si en lugar de mirar el “plan Bukele” –según el cual el orden y la seguridad solo son posibles con la fuerza, la pérdida de libertades y el deterioro de la democracia– voltearan a mirar un poquito más cerca, al “plan Medellín”, verían todo lo que sí puede hacerse desde el gobierno local para mejorar la seguridad de sus vecinos.

Medellín, que fuera víctima de una gran violencia criminal producto de la guerra entre carteles de la droga y fuerzas del orden, se ha convertido en una de las ciudades ejemplo de transformación. Amplios parques donde antes había descampados peligrosos. Alumbrado y servicios públicos diversificados en el territorio, con puertas hacia todos lados y facilidades de acceso para que, en caso de necesitarlo, los ciudadanos puedan resguardarse o acudir por ayuda a ellos. Bibliotecas infantiles junto a las comisarías, comisarías dentro de parques, para ampliar la sensación de cercanía y seguridad. Todo desde planes concertados en democracia.

PUEDES VER: El Perú sigue como régimen híbrido, por Augusto Álvarez Rodrich

Todo ello sí está en manos de nuestras autoridades municipales y sí generaría valor público. Los espacios de convivencia dan posibilidades a los ciudadanos y ciudadanas de retomar la sensación de pertenencia y la organización conjunta para la protección de estos espacios.

Aunque es quizás eso precisamente lo que no quieran, la organización ciudadana, esa que organiza luego importantes actos de protesta y revocatoria de mandatos.

Lima es muchas Limas. Limas distintas, desiguales, contradictorias, pero al final del día, interconectadas y que interactúan. Cada una de esas Limas requiere que sus autoridades busquen generar el bienestar colectivo y el valor público específico para ese territorio, pero también una propuesta y liderazgo real de nivel metropolitano con capacidad e interés por construir bienestar en esa interconexión. Lima necesita espacios públicos, no parques zonales convertidos en clubes privados con playas falsas. Lima requiere articular a las autoridades para resolver la inseguridad ciudadana, no un alcalde que, en el máximo del ridículo, retira las placas de los monumentos para que no se las roben.

Estos alcaldes y alcaldesas, cuyas organizaciones políticas prometen renovación, libertad, potencias mundiales, deben recordar que su labor es la del bienestar colectivo y el valor público. Si no saben cómo hacerlo o no les interesa, nunca debieron ser alcaldes.