Sicosocial fallido

Fueron por lana y salieron trasquilados. Keiko Fujimori apareció como vocera de su grupo político para plantear investigación contra el periodista Gustavo Gorriti por haber sido supuestamente involucrado en una declaración de Jaime Villanueva, el colaborador eficaz y ex brazo derecho de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides. Era un tema que había sido insistentemente tratado de colocar en agenda, usando para ello sus medios habituales, sin lograrlo.

Ante la ineficacia del operativo, optó por salir ella misma a declarar y exigir investigación. No transcurrieron ni 24 horas y ya se conocía el documento completo con la declaración del colaborador eficaz. En él, lo más gravitante es la relación con el fujimorismo en todos los arreglos promovidos por Patricia Benavides y su entorno del Ministerio Público para llegar a ser fiscal de la Nación, para eliminar a sus competidores internos, para consolidar su relación con un sector del Congreso, para evadir la investigación de la Junta Nacional de Justicia, y garantizar impunidad, etc.

La primera interlocutora fue entonces la primera vicepresidenta, Martha Moyano. Ingresaba subrepticiamente al despacho, llevaba mensajes y encargos, planteaba exigencias a nombre de su agrupación: la separación de los fiscales Rafael Vela y Juan Domingo Pérez, la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y los ataques a la Junta Nacional de Justicia. Todo negociado e intercambiado por votos y respaldos.

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Martha Moyano fue suplantada por “un canal directo con la alta dirección del fujimorismo” que la propia Patricia Benavides había abierto. ¿Para qué? Para tratar temas que directamente interesaban a Keiko y que involucraban su impunidad.

Una vez conocida la versión completa de Jaime Villanueva, se puede entender el fondo del sicosocial que está en marcha: a través del emplazamiento a la justicia para que investigue a Gorriti, se busca poner en tela de juicio todo su proceso legal y que el fiscal del caso, José Domingo Pérez, sea apartado debido al escándalo.

La desesperación de Fujimori es evidente. El proceso judicial se anuncia para julio próximo y, como aseguró el fiscal, hay 11 colaboradores eficaces para testificar en el caso, y miles de documentos probatorios ya admitidos en el proceso. Estas estrategias solo buscan la impunidad de Keiko y sus colaboradores. A no dejarse sorprender.