El Gobierno accesitario de extrema derecha de Dina Boluarte es responsable de la creciente violencia que agita al país, pues sus políticas son factor de inestabilidad con el rechazo a su gestión de más del 90% de la gente.
El desastroso régimen de Dina Boluarte, con apenas 9% de aprobación y cifras de pobreza y hambre que sobrepasan la mitad de la población, en tanto la economía se deteriora, es apoyado por el Congreso igualmente rechazado por la mayoría.
La alianza mafiosa entre Gobierno y Congreso eleva la protesta en medio de la desesperación, el pesimismo, la indiferencia y la insatisfacción con la democracia. El combate político es contra la mafia que ha capturado el poder.
En estas circunstancias el Gobierno vincula la delincuencia con las protestas populares y, bajo esta política manipuladora, crea una semejanza y confusión entre matar a balazos a un ciudadano honesto que protesta y un delincuente baleado en las calles. Con esta vinculación el Gobierno “criminaliza” la protesta aprovechando el deseo del 57% de acabar con la delincuencia aunque no se respete el derecho de las personas.
Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, sostiene que no le “temblará la mano” para poner orden y anuncia —entre sonoros aplausos de los empresarios— 15 años de prisión para los manifestantes que bloqueen las carreteras.
Eliminar impunemente a sangre y fuego a 49 personas y herir a cientos entre niños y mujeres, como sucedió en diciembre y enero pasado, es muestra de lo que puede venir con la política represiva del Gobierno, que no tiene voluntad de encontrar una salida democrática. Como lo confirma el asalto del Congreso a la Junta Nacional de Justicia, que, según expresa esa institución, sería un “quiebre al régimen democrático”.
La agresividad del régimen es la raíz de la violencia y de la desestabilización, no es la protesta ni la rebelión legítima de los ciudadanos que lo combaten. Es un régimen autoritario que ha comprometido en la represión a las FFAA y la Policía Nacional sembrando temor, inseguridad y desesperanza. Y un régimen en esas condiciones no termina hasta que sea expulsado por la voluntad popular, contraria a la miseria moral y política del contubernio mafioso que lo sostiene.
Los peruanos quieren participar como millones lo hacen en las redes sociales y donde eclipsan a un Congreso impopular cuyos representantes son ajenos a la vida de la gente. Las redes han transformado la representación y tienen influencia decisiva en la opinión pública y en la conciencia ciudadana.
Anhelo nacional es reconstruir el Estado con instituciones honestas, acabar con la violencia, estabilizar el país y recuperar la democracia con justicia y libertad. Pero los mafiosos que están en el poder no quieren ceder ni dejar sus privilegios… El combate no va a detenerse.