
El Tribunal Constitucional decidió hacer tabla rasa de las obligaciones del Estado peruano con el derecho internacional, y abrió la puerta al sentenciado por delitos de lesa humanidad Alberto Fujimori para que pueda salir de prisión en el plazo más breve.
Se trata de una disposición del TC especialmente controvertida. Hay 3 firmantes, uno de ellos con voto dirimente. El presidente Francisco Morales, la vicepresidenta Luz Pacheco y el magistrado Gutiérrez Ticse. El cuarto participante, Helder Domínguez, señala su oposición a la liberación del exmandatario. Los otros dos integrantes del Pleno del TC no fijan posición ni son mencionados.
Hay varios cuestionamientos que se hicieron evidentes apenas conocida la disposición. ¿Hubo adelanto de opinión de los 3 magistrados del TC que ahora votaron confirmando su posición y que se multiplicaron en los medios para explicar que la primera resolución emitida se debía interpretar como una orden de liberación? ¿El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dejó sin efecto el indulto ofrecido por el expresidente Kuczynski no tiene carácter vinculante para la justicia peruana?
Lo que es claro es que Fujimori no reunía ni reúne aún hoy las condiciones mínimas para ser beneficiario del indulto presidencial por razones humanitarias. Hace 6 años, con PPK, se dijo que por su grave condición de salud era merecedor de esta gracia. Hasta el momento y con el largo tiempo transcurrido, parece ser una persona con achaques propios de la edad.
La propia Corte dijo que para ser merecedor de un indulto se requería como condición básica reconocer el delito, pedir perdón y desagraviar a las víctimas. Nada de ello ha ocurrido y son precisamente los familiares de quienes fueron asesinados en estos operativos subrepticios los que han clamado para que no se conceda libertad a quien permitió violaciones de derechos humanos, en especial en La Cantuta y Barrios Altos.
Finalmente, la libertad de Fujimori se concede en el marco de una enorme crisis institucional que compromete seriamente al Ministerio Público, al Congreso y el propio Gobierno.
En momentos en que se discute el futuro de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y de los congresistas que usaron sus favores a cambio de votos, con el agregado de que ya hay declaraciones efectuadas por el colaborador eficaz Jaime Villanueva que confirman las presiones y el canje por expedientes inculpatorios de los congresistas; la salida por la puerta falsa de Fujimori parece cumplir ese rol encubridor.
Sin embargo, hoy se vence el plazo de la Junta Nacional de Justicia para dar a conocer su decisión sobre la suspensión en el cargo de fiscal de la Nación de Patricia Benavides. Pese a todo, se trata de la decisión más importante de la agenda política y que compromete el futuro de la democracia, la lucha contra la impunidad y la derrota de la corrupción.

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