(*) Profesor del Departamento de Ciencias Sociales PUCP.
Elección tras elección, hemos escuchado la amenaza constante de que ciertas opciones presidenciales tenían como objetivo instaurar el “chavismo” en el Perú. Sonó fuerte en las elecciones en las que candidateaba Humala (2006, 2011) o cuando la izquierda progresista tuvo algún atisbo de oportunidad con Verónika Mendoza (2016), y qué no decir de la elección de Pedro Castillo en el 2021. Siempre se escuchaba esa amenaza de que nos convertiríamos en el próximo país en sufrir el flagelo “chavista”.
Lo paradójico es que, si en algún momento de nuestra historia reciente hemos estado cerca de ser un Estado “chavista”, es justamente ahora, cuando tenemos en el poder (controlando el Ejecutivo y Legislativo) a aquellos que siempre acusaron a medio mundo de chavistas.
Y es que el “chavismo” tiene dos componentes. Tiene un componente ideológico y un método que guía sus acciones. El primer componente es el que guía las decisiones de políticas públicas, y es sobre este en el que usualmente nos hemos fijado. Pero el segundo componente, el método, es el más peligroso. El método consiste en eliminar cualquier tipo de control que estorbe, discuta o contradiga lo que propone el plan ideológico.
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Entonces, más allá del contenido de su plan, lo que caracterizó a Chávez es que avasalló (por medios legales e ilegales) las instituciones para así controlar todo el Estado y aplicar sin resistencias medidas políticas y económicas que han generado la contracción de la economía venezolana y el éxodo de millones de personas en busca de un futuro mejor.
El “método chavista”, funcional para líderes antidemocráticos, es controlar cualquier institución que pueda ejercer algún tipo de resistencia o control a las medidas que se quieren implementar. Este control o avasallamiento siempre se apoyaba en algún tipo de narrativa donde él y su grupo tenían la razón, y esas medidas eran necesarias para controlar un “enemigo” que entorpecía todo, al que culpaban de todo, y eso era suficiente argumento para cualquier abuso de poder. Para Hugo Chávez, eran los “imperialistas”.
Para nuestros chavistas, son los “caviares”. Las instituciones de control están para evitar la hiperconcentración de poder, y evitar que políticas, populares o no, se apliquen sin considerar el Estado de derecho y las implicancias que estas puedan generar. Chávez no solo controló instituciones internas, sino que necesitaba aislar a Venezuela de organismos como la CIDH. Nuestros chavistas, tan buenos alumnos, también siguen ese ejemplo al pie de la letra (recordemos que Renovación Popular, Perú Libre y Acción Popular han presentado proyectos con esa finalidad).
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Tener mecanismos de control protege al ciudadano, al empresario, y todos los miembros de la sociedad. Cuando tenemos una hiperconcentración de poder, se pierde ese balance, y nos deja a merced de los que tienen poder político y sus caprichos. La coalición gobernante, que maneja el Congreso y mantiene al Ejecutivo, sigue la misma línea chavista. Buscan controlar o eliminar instituciones que ejercen control, que pueden detenerlos. En el corto o mediano plazo, todos sufren cuando se pierden los balances y se aplican medidas sin ningún control.
Nuestro empresariado es miope si cree que sus intereses están a salvo porque la coalición de gobierno es de “derecha”. Ya que, una vez que esta coalición de chavistas logre eliminar instituciones de control, lo más probable es que tengan que apelar a medidas populistas para seguir en el poder. De hecho, ya somos testigos de algunas de estas, como tratar de eliminar peajes (sin respetar los contratos) o “petróleo para los peruanos” reduciendo la competencia en el sector, o seguir aprobando retiros de AFP sin una discusión seria del sistema de pensiones.
Quizás algunos argumenten que la finalidad es distinta, que nuestros chavistas en el Congreso nunca implementarán medidas económicas que afecten la macroeconomía. Ese argumento tiene poco sustento a la luz de los hechos. Nuestros chavistas en el Congreso no tienen un ideario ideológico que centra al Estado como principal agente económico, sin embargo, sí comparten la idea del Estado como botín y oportunidad de enriquecimiento sin importar las consecuencias.