¡La JNJ no se toca!, por Patricia Paniagua
“La historia tiene la poderosa tarea de dejarnos lecciones y la memoria está allí para recordárnoslas”.
En el año 1997, durante la dictadura fujimorista, la mayoría congresal de aquel entonces arremetió contra tres magistrados del Tribunal Constitucional y llevó adelante un proceso indebido de acusación constitucional como represalia por su posición contraria a la inconstitucional rerreelección presidencial. Los exmagistrados fueron llevados ante el Congreso de la República, mayoritariamente fujimorista y aliado a los propósitos rerreeleccionistas con la intención velada de lograr su destitución, la que les allanaba el camino hacia su indebido objetivo electoral.
Fue Valentín Paniagua, reconocido jurista y constitucionalista, quien asumió su defensa jurídica ad honorem y en su alegato final ante el Pleno del Congreso, frente al evidente anuncio previo de la posición de sus miembros, dijo: “De ser así, hoy culminaría un proceso cuyas motivaciones son harto diferentes de las que aparecen de los cargos imputados. La acusación así esbozaría, simple y llanamente, un designio político que nada tiene que hacer con la conducta funcional de los magistrados acusados”. Esta frase, si no gran parte sustancial del alegato, se aplica frente a la arremetida que hoy enfrenta, 26 años más tarde, la Junta Nacional de Justicia.
Y es que ninguno de los argumentos jurídicos esbozados configura causa grave que faculte al Congreso actual para aplicar el artículo 157 de la Constitución vigente y ello ha quedado evidenciado claramente, igual que en el caso de los magistrados del TC. Es innegable la motivación política del ataque artero, cuyo propósito es la captura no solo de la justicia y su obstrucción, sino del nombramiento de funcionarios del más alto rango, titulares de órganos electorales, y de jueces y fiscales, lo que afectaría gravemente la independencia del sistema electoral y se traduciría en impunidad para quienes tienen hoy cuentas pendientes con la justica.
Este atropello contra la JNJ, igual que en 1997, es un atropello contra la democracia, la institucionalidad sobre la que ella reposa, el Estado de derecho y el equilibrio de poderes; y, de concretarse, configuraría un inaceptable quiebre del orden constitucional.
Desde fuera, diversas organizaciones han manifestado su profunda preocupación y han alertado del peligrosísimo camino al que pretende conducirnos una institución degradada, rechazada y sin representatividad alguna.
La historia tiene la poderosa tarea de dejarnos lecciones y la memoria está allí para recordárnoslas. Hace 26 años la ilegal destitución de los miembros del TC significó el ‘comienzo del fin’ de un régimen de facto y fue sacudida para la movilización de sectores que permanecían pasivos. Más tarde, se restituyó la democracia en nuestro país y tiempo después llegó la sentencia de la Corte IDH que restituyó en el cargo a los magistrados del TC.
No hay democracia posible sin ciudadanía, respeto de sus derechos y libertades fundamentales y búsqueda de bienestar, justica e inclusión para ella.
¡La JNJ no se toca!