El Gobierno de Keiko Fujimori Boluarte, por Sinesio López

El sueño de gobernar desde el Congreso que tuvo Keiko Fujimori en el 2016 recién se ha concretado en el 2023. Obligó a Kuczynski a renunciar a la Presidencia de la República en 2017 para que la asumiera Martín Vizcarra al que se propuso manejar como un títere. Pero Vizcarra se negó y aprovechó la corrupción de los Cuellos Blancos para proponer una reforma del Poder Judicial y también política que fueron aprobadas en un referéndum. Siguiendo el camino constitucional disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones parlamentarias.

En noviembre del 2020 la nueva mayoría del Congreso desbarrancó a Vizcarra y nombró a Merino, el breve, quien fue echado de la Presidencia por una enorme movilización popular. El Congreso nombró entonces a Sagasti como presidente de la República. Estos cambios fueron constitucionales. El Congreso designa presidente de la República al presidente del Congreso, si en el Ejecutivo no hay quien lo suceda. La Constitución misma transforma, en estas situaciones de enorme inestabilidad, al presidencialismo parlamentarizado en parlamentarismo presidencializado que nombra al presidente de la República y elimina temporalmente la división de poderes.

Desde el comienzo de su Gobierno, el fujimorismo y la ultraderecha se propusieron sacar a Castillo en dos intentos frustrados. El discurso golpista y suicida de Castillo facilitó el contragolpe del Congreso en diciembre del 2022. Desde entonces el fujimorismo buscó transformar al Congreso de poder constituido en poder constituyente y convertir lo que es transitorio constitucional en permanente (inconstitucional) mediante una serie de cambios constitucionales limitando los derechos de la soberanía popular.

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La sucesora ‘constitucional’ de Castillo, Dina Boluarte, es un mero fantoche del Congreso. La que realmente gobierna es Keiko Fujimori, la perdedora de siempre, con su bancada que se ha convertido en la primera minoría, pero que es muy disciplinada y estable y que ha logrado someter a la ultraderecha y a la “ultraizquierda” fragmentadas y neutralizar a la centro-derecha. Su objetivo central es durar no solo hasta 2025 sino indefinidamente. La oposición parlamentaria de izquierda es muy pequeña y débil.

Pero el fujimorismo y sus aliados no solo han cambiado la forma de gobierno, sino también el régimen político. El Perú ya no es una democracia, sino un régimen autoritario en el que el Congreso controla el Ejecutivo, pretende controlar el Poder Judicial y capturar los organismos electorales. Adiós a la división de poderes, un rasgo central de toda democracia. El Congreso tiene ya en sus manos y a su servicio a los organismos de control (TC, Contraloría, la fiscal de la Nación, etc.).

El parlamentarismo presidencializado es un gobierno incapaz y mediocre. El régimen autoritario ha recortado diversos derechos a los ciudadanos y constituye una seria amenaza a las libertades cívicas y políticas. Todas estas medidas arbitrarias y amenazas son una provocación que puede llevar a una gran movilización de todos los sectores sociales y de todas regiones a gritar: ¡Basta ya! Para acabar con todo lo que está pasando en la escena oficial.