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Opinión

El Gobierno FBT (1980-1985) y el Gobierno actual, por Omar Cairo

“Ahora es necesario exigirles propuestas que incluyan medidas específicas y concretas para acabar, por ejemplo, con el estado ruinoso de la salud pública, la inseguridad ciudadana...”.

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En medio de la severa crisis que hoy padece el partido Acción Popular, algunos han sostenido que la presidencia ejercida por su líder Fernando Belaunde Terry (FBT), entre 1980 y 1985, fue semejante al Gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, esta afirmación carece de asidero. A continuación, presentamos algunas diferencias entre estos dos momentos de la vida política peruana.

1. Dina Boluarte, por su condición de vicepresidenta, accedió al Gobierno el mismo día en el que Pedro Castillo proclamó su fracasado golpe de Estado. Belaunde, en cambio, lo hizo por haber ganado, el 18 de mayo de 1980, las elecciones convocadas por la dictadura que, casi 12 años antes, le había arrebatado su primera presidencia constitucional que venía ejerciendo desde 1963.

2. A lo largo del segundo gobierno de Belaunde, hubo violaciones contra los derechos humanos. Pero las más graves se empezaron a producir dos años después del inicio de su gestión, luego de que, en diciembre de 1982, en varias provincias de Ayacucho se declarara el estado de emergencia y el control de su orden interno fuera encargado a las Fuerzas Armadas. Boluarte, en cambio, inició su Gobierno con un grave crimen contra los derechos humanos: la represión gubernamental de las protestas ocurridas en sus dos primeros meses de gestión provocó la matanza de 49 personas.

3. Durante la segunda presidencia de Belaunde, la violencia subversiva fue un fenómeno difícilmente comprensible, no solo para el gobernante, sino para gran parte de la clase política. A tal punto que, en 1984, el propio presidente de la República declaró que, en ese momento, la democracia era “combatida en sus raíces por movimientos internacionales”, que el terrorismo estaba “ya en derrota”, y que su “derrota final” iba a “ocurrir en las ánforas”, en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 14 de abril de 1985. Hoy, en cambio, existe suficiente claridad acerca del significado de la violencia subversiva que asoló al país entre 1980 y 1992. Sin embargo, el actual Gobierno la invoca constantemente para presentarla como una amenaza vigente, cada vez que intenta justificar agravios contra los derechos humanos.

4. En 1980, muchos creían posible el inicio de un proceso democrático articulado en torno a partidos institucionalmente sólidos. Ese año, con el lema “Armando tiene fuerza para salvar al Perú”, el candidato aprista Villanueva perdió las elecciones presidenciales. La derrota condujo al Apra a una crisis interna, pero esta empezó a ser superada dos años después (octubre de 1982), cuando el joven diputado Alan García fue elegido secretario general. Los partidos de la izquierda, por su parte, agrupados en el frente Izquierda Unida, participaron con cierto éxito en la política institucional: en noviembre de 1980, su candidato, Alfonso Barrantes, obtuvo el segundo lugar en las elecciones municipales de Lima, y en noviembre de 1983 la victoria electoral lo convirtió en alcalde de la capital del país. Hoy, en cambio, a menos de un año después de que Dina Boluarte asumiera el cargo presidencial, de los viejos partidos políticos ya no queda casi nada.

Las esperanzas surgidas en 1980, cuando regresó la democracia, fueron tristemente defraudadas. El Gobierno actual es tan solo un síntoma de ese fracaso. La recuperación democrática necesita un cambio en la actitud ciudadana. Ya no más partidos que construyan su identidad con frases semivacías (como “seamos solidarios”, “los peruanos sí podemos”, “hay que ser empáticos”, “estamos indignados”, entre otras).

Ahora es necesario exigirles propuestas que incluyan medidas específicas y concretas para acabar, por ejemplo, con el estado ruinoso de la salud pública, la inseguridad ciudadana, la discriminación, el hambre de muchos y la educación de calidad para muy pocos.

Hasta que eso no suceda, la política peruana seguirá siendo un instrumento atractivo para quienes, engatusando a la población, pretenden obtener una prosperidad económica y un reconocimiento social que, de otra manera, nunca podrían alcanzar.

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