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Opinión

El Sodalicio investigado, por Raúl Tola

“Además de la preocupación por sus víctimas directas, los enviados del papa vienen al Perú con un mandato: estudiar de qué manera el Sodalicio abusó del Concordato”.

larepublica.pe
TOLA

El cardenal Charles Scicluna es un hombre bajito, de cabellos escasos y mirada tranquila. Su apariencia contrasta con la del sacerdote español Jordi Bartomeu. Oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, muy cercano al papa Francisco, se le conoce como el “agente 007” del Vaticano pues, a lo largo de los últimos años, ha sido el encargado de recorrer el mundo para investigar las denuncias de pederastia cometida dentro de la Iglesia católica.

Estas pesquisas los han llevado por Paraguay, Argentina, Bolivia y Chile, donde han levantado las alfombras para buscar sanción a los abusadores y reparación a sus víctimas. La próxima semana llegarán al Perú para emprender una investigación sumaria de una semana y media al Sodalicio de Vida Cristiana, al cabo de la cual tomarán medidas que podrían incluir el cierre de la orden y la incautación de buena parte de sus fondos para reparar a sus víctimas.

De los casos investigados por Scicluna y Bartomeu en Latinoamérica, el más parecido al peruano es el chileno (donde impulsaron la caída de toda la Conferencia Episcopal), pues ambos comparten, además de las denuncias por abusos sexuales, físicos y psicológicos, una dimensión económica. La fortuna acumulada gracias a la gestión de ocho cementerios repartidos por todo el país, a la que se suman colegios, universidades, offshores y cuentas en el extranjero, no tiene semejanzas en el mundo, lo que hace de este un proceso extraordinario.

Le suman complejidad la persecución judicial emprendida contra los periodistas que los han venido investigando (Paola Ugaz, Pedro Salinas o Daniel Yovera, fundamentales en la venida de la misión); el apoyo político de los sectores conservadores que les han servido de pararrayos, permitiéndoles frenar las denuncias, salvaguardar sus negocios y contraatacar, y acusaciones como las de los comuneros de la comunidad campesina de Castilla, en Piura, la más antigua del Perú, quienes dicen haber sido arrebatados de sus terrenos por una trama inmobiliaria donde participan el Sodalicio y la organización criminal “La Gran Cruz del Norte”.

En Lima, Scicluna y Bartomeu sostendrán una apretada agenda de reuniones con periodistas, abogados y todo aquel que se sienta damnificado por el Sodalicio de Vida Cristiana. Además de la preocupación por sus víctimas directas, los enviados del papa vienen al Perú con un mandato: estudiar de qué manera el Sodalicio abusó del Concordato, el tratado entre Vaticano y el Perú que aplica a las organizaciones benéficas vinculadas a la iglesia, para montar esta estructura multimillonaria. Dentro de la Iglesia existe el temor real de que este acuerdo pueda peligrar por los vertiginosos manejos económicos de esta sociedad de vida apostólica que en 1971 fundó Luis Fernando Figari, quien al día de hoy vive recluido en Roma, a la espera de que lo alcancen la justicia de Dios y los hombres.

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