Viviendo en el descrédito, por Mirko Lauer

Durante decenios el Congreso soportó a pie firme diversos grados de descrédito. Pero eso era básicamente político, una pugna entre la hinchada de diversos partidos, y en esa medida era más soportable que el desprestigio de hoy. La baja aprobación de estos días no solo es un récord estadístico. También es un rechazo ciudadano de otro tipo.

Descartadas la institución partidaria, la lealtad ideológica o la antipatía personal como motores del disgusto frente a los políticos, lo que queda allí es la crítica a la mala conducta del parlamentario. Un camino de culpas que se puede extender desde la menor cuantía hasta la delincuencia sin atenuantes.

Los congresistas de hoy (con las excepciones del caso, claro) no quieren recuperar su buen nombre, si acaso alguna vez lo tuvieron, sino evitar que los alcance la mano de la ley. Lo cual incluye investigaciones periodísticas y denuncias de la Fiscalía. El Congreso ha empezado a legislar en serio la impunidad de sus equipos más pícaros.

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La primera línea de lo anterior es evitar todo lo posible los destapes de la prensa. Chica o grande, toda revelación de lo delictivo tiene consecuencias en un funcionario público, y debe ser desanimada. Para eso la ley mordaza que sobrecastiga la difamación y, para usar una jerga de estos días, “criminaliza” la denuncia.

La segunda línea de defensa del congresista deshonesto, a menudo una mayoría a juzgar por las votaciones, es demostrarle a los fiscales que el Congreso puede morderlos, con argumentos o sin ellos. Los congresistas no se perdonan entre ellos para que luego un fiscal venga a acusarlos. Se trata de separar las palabras poder y judicial.

En medio de este clima, la pachanga. Un proyecto para quitarle más de 240 hectáreas de tierras de investigación a la Universidad Nacional Agraria, para hacer una nueva universidad chicha en ese lugar, se presta a todo tipo de sospecha. Iniciativas dudosas llegan a comisiones y hemiciclo todos los días. Dios nos libre de difamar.

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Los parlamentarios ya están luchando a brazo partido para poder seguir mochando sin problemas sueldos de empleados, gastando dinero público sin la menor justificación y participando en inconductas de todo tipo, incluida la de apañarse unos a otros.  

¿Todo eso se llama un golpe parlamentario? Algo de eso hay, pero en realidad se necesita alguna otra expresión.