Gobierno elige el derroche mientras sacrifica la educación
Ministerio de Educación del Perú anuncia que “debido a falta de presupuesto” no otorgará becas para la continuación de estudios de talentos.
El argumento es conocido y, por ello mismo, inaceptable: no hay dinero. El Estado, y en particular, los malos gestores del mismo, repiten esa fórmula cada vez que deciden recortar donde no deberían. Esta vez, la decisión golpea a quienes hicieron exactamente lo que cualquier país moderno premia: estudiar competitivamente. Sin embargo, jóvenes que cumplieron con todos los requisitos ven ahora cómo la promesa pública se desvanece con una frase burocrática de último minuto.
Y es que la escasez es selectiva. El mismo Estado que hoy invoca austeridad ha comprometido recursos en expandir el aparato político. Prueba de ello es el retorno al Congreso bicameral, cuyo costo de implementación y funcionamiento adicional se estima en más de S/ 200 millones anuales, o como en decisiones de alto impacto fiscal como la adquisición de aviones de guerra, que bordea los US$ 3,500 millones en su paquete completo. Para entender la proporcionalidad, frente a lo anterior, el programa de becas requería una fracción mínima: alrededor de S/ 60 a 80 millones para una nueva cohorte de alto nivel.
No se trata, entonces, de falta de recursos, sino de prioridades. Y el mensaje no deja de ser devastador ya que en el fondo se afirma que el mérito no basta. Puedes esforzarte, alcanzar estándares internacionales, competir con los mejores, y aun así quedar a merced de una decisión administrativa de un gobierno de turno cooptado por mafiosos.
Contrariamente a los detractores, las becas no son un lujo ni un gesto asistencial. Como fueron concebidas hace más de 15 años, se tratan de una inversión estratégica en capital humano por parte del Estado, una de las pocas herramientas efectivas para construir capacidades de alto nivel y conectar al país con circuitos globales de conocimiento. Renunciar a ellas es renunciar, también, a una política de Estado que debería ser sostenida, previsible y protegida de vaivenes coyunturales.
El daño no termina en quienes hoy quedan fuera. Lo que ocurre es mayor profundización de la desconfianza ciudadana en las reglas públicas.
En los últimos años, más de medio millón de peruanos han decidido emigrar por considerar que no tienen alternativas de desarrollo en el Perú. Y ante ello, el Gobierno del Pacto ha elegido. Y ha elegido mal.
Mientras sostiene gastos de gran escala en política y defensa, sacrifica aquello que sí define el porvenir: la formación de su gente más capaz. Pero hay un juicio de la historia y más temprano aún, un juicio ciudadano que ya ha castigado a la mayoría de los principales responsables en el Parlamento.