Castillo en el aire, por Inés Flores

En el frente castillista se han encendido las alarmas. El motivo es el avance a pie firme de las investigaciones de la Fiscalía de la Nación contra el golpista Pedro Castillo y sus secuaces en los hechos del pasado 7 de diciembre. Como consecuencia de estas investigaciones, la justicia ha dictado prisión preventiva por 18 meses contra la expremier Betssy Chávez. Los periodistas de opinión se preguntan por qué los otros implicados en el golpe no están también tras las rejas.

Que el expresidente Pedro Castillo perpetró un golpe de Estado el 7 de diciembre es algo que consta a todos los peruanos. Ese día, mediante un mensaje a la nación, ordenó disolver el Congreso de la República e intervenir instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial y hasta el Tribunal Constitucional. Cuando vio que sus órdenes no tenían eco en las Fuerzas Armadas ni en la Policía Nacional, decidió emprender la fuga. Su golpe había fracasado, pero su delito era indubitable y evidente a ojos de todo el país.

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Por este y otros delitos relacionados con su aventura golpista, Castillo enfrenta ahora a la justicia. Por la gravedad y el alcance de los mismos, dicen los abogados penalistas, se le podría aplicar una pena de entre 10 y 20 años. Lo mismo a sus secuaces. La captura y prisión de su expremier Betssy Chávez es una especie de anuncio, antesala o prolegómeno de lo que les espera a sus seguidores.

Esta situación ha movilizado a los castillistas. Lo hacen en el fuero judicial y lo extenderán a las calles. Vuelven a repetir las más descabelladas versiones sobre lo que hizo Castillo el 7 de diciembre: que estuvo drogado, que otros lo indujeron al error o que solo leyó un ejercicio de manifiesto, etc. Suman lo deleznable a sus protestas sociales.