La destrucción de la hidroeléctrica de Kajovka se suma al estilo de atentado ocurrido contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que transportaban gas natural por el mar Báltico hacia Alemania. En ellos, Rusia y Ucrania se culpabilizan, sin que se establezca claramente la autoría.
Los gasoductos de propiedad ruso-germana fueron dinamitados en setiembre. Inmediatamente, Ucrania, la OTAN y los grandes medios culparon a Rusia. A mediados de febrero, el diario Berliner Zeitung publicó una entrevista con el periodista Seymour Hersh (Premio Pulitzer 1970) sobre su investigación en torno al papel estadounidense (y noruego) en la destrucción de los gasoductos del Nord Stream. En ella señaló que estaba claro que el Estado Mayor Conjunto, la CIA, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro podían volar los gasoductos, luego de que Victoria Nuland, activista en el golpe de Estado de Ucrania en 2014 y actual subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado, informara que era posible su destrucción mediante el uso de un explosivo llamado C4. La investigación de Hersh fue desestimada por no revelar sus fuentes.
A fines de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU, con la excepción de China y Brasil, rechazó la propuesta del Gobierno ruso para poner en marcha una investigación internacional con miras a determinar quiénes encargaron y llevaron a cabo el atentado terrorista a los gasoductos, cuyos principales interesados en que no operen son las industrias gasíferas y petroleras estadounidenses.
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El caso de la represa de Kajovka es aún más grave. Además de su importancia en la generación de energía, también suministra agua para la península de Crimea, que se reunificó con Rusia en 2014 después de un plebiscito al no reconocer el golpe de Estado en Ucrania. Asimismo, afecta a la central nuclear de Zaporizhzhia, la más grande del este europeo.
Con razón, el secretario general de la ONU, António Guterres, lo ha calificado de “catástrofe monumental, humanitaria económica y ecológica” y se ha abstenido de atribuir la autoría del atentado. Debe pesarle el hecho que le acaba de recordar la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, cuando en octubre del 2022 el representante de Rusia ante la ONU le envió una carta donde alertaba sobre los planes del Gobierno ucraniano para destruir la central hidroeléctrica. Entonces, le pidió “encarecidamente hacer todo lo posible para prevenir un crimen atroz”.
Asimismo, en diciembre, The Washington Post publicó una nota en la que se informó que las tropas ucranianas habían realizado un ataque de prueba exitoso contra una compuerta de la represa de Kajovka usando un sistema de lanzamiento proporcionado por EE. UU.
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Pero el secretario general de la OTAN, el presidente de la Comisión Europea y Ucrania han culpado inmediatamente a Rusia del atentado. Entre tanto, el Gobierno ruso convocó el martes a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para investigar los hechos. Ello ocurre en un escenario en el que la OTAN está organizando en Alemania un ejercicio militar en el que 25 países responderán a un ataque simulado a un país miembro. EE. UU. ha enviado 2.000 operativos y 250 naves.
Ad portas de la campaña presidencial, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, (Partido Republicano), con quien Biden negoció la ampliación del límite de endeudamiento, dice no tener intenciones de aceptar una legislación que impulse la ayuda militar a Ucrania y otros gastos de defensa por encima de los niveles permitidos en un proyecto de ley firmado por el propio presidente Biden que suspende el techo de la deuda y frena el gasto militar.
En tiempos electorales, la opinión pública adquiere un peso mayor. No es casual que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, se haya abstenido de culpabilizar a Rusia sin que se investigue.