Al borde de un ataque de nervios fiscal, por Augusto Álvarez Rodrich
"Más allá de la anulación de la acusación de la fiscalía a PPK".
La anulación ordenada por el Poder Judicial de la acusación a Pedro Pablo Kuczynski por no respetar los derechos de la defensa es un grave revés de la fiscalía Lava Jato que desnuda el problema de investigaciones que ya llevan siete años sin que produzcan una sentencia.
Esta columna señaló la semana pasada que, como después de seis años, el fiscal José D. Pérez no encontró pruebas de colusión contra Kuczynski, lo acusó de lavado de activos y de organización criminal solo con el fin de pedir 35 años de prisión. Los US$12,2 millones que el fiscal afirma que PPK ‘lavó’ resultan de la suma de los ingresos declarados por él en una década provenientes del sector privado incluyendo honorarios y directorios. Pidió, también, 22 años de prisión para su secretaria que tenía firma en la cuenta donde tales ingresos se depositaron, y 11 años de prisión para el chofer encargado de hacer compras para el funcionamiento de sus casas.
La fiscalía ha tratado de camuflar su ineptitud con un figuretismo arrogante que llega hasta la amenaza a quienes, desde distintos ámbitos, alerten del embrollo, como con el juez supremo César San Martín. El de PPK es, lamentablemente, uno de muchos atropellos, como con los economistas Miguel Castilla o Alberto Pasco-Font.
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La fiscalía Lava Jato produjo la ilusión de que se hiciera justicia en uno de los procesos de corrupción más graves del país. Por ello, generaron un sólido respaldo de muchos —como esta columna— cuando los quisieron destituir.
Pero siete años después, sus resultados son frustrantes, con escasas acusaciones, sin condenas relevantes, y un alud de arbitrariedades con prisiones preventivas y medidas que han dañado profundamente a un gran número de personas, al incluir en las investigaciones a gente inocente solo porque tiraban la red a ver qué pasaba.
En el camino contaron, penosamente, con un sector de periodismo al que volvieron notario de lo que diga la fiscalía, adicto a sus ‘primicias’ y útil hasta para justificar sus atropellos.
En el caso de PPK, como en el de varios, se revela ensañamiento, mala fe y abuso de poder, lo cual puede constituir prevaricato, y explicar que algunos fiscales evidencien, desde hace tiempo, estar al borde de un ataque de nervios.