¿Lasso, siguiendo el ejemplo de Castillo?, por Irma del Águila

Ecuador y Perú sufren una profunda crisis institucional que conoció sus puntos más álgidos en la hostilidad entre sus presidentes y respectivos Congresos. El 17 de mayo, el presidente Lasso, que enfrenta acusaciones de corrupción, anunció la disolución de la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 148 de la Constitución ecuatoriana. No cabe un símil entre el anuncio de Lasso y lo hecho por el expresidente Castillo el 7/12: difieren en el sentido jurídico y en sus efectos políticos. Castillo intentó un golpe, así lo señala el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó “el rompimiento del orden constitucional”.

Castillo, que también enfrentaba serias acusaciones de corrupción, ordenó el cierre del Congreso manu militari, desprovisto de sustento constitucional y sin respaldo militar ni policial. La opinión pública coincide con la denuncia que hiciera el ex jefe de Estado sobre la “nefasta labor obstruccionista” del Congreso, pero no se sigue que esa opinión pública respalde el anuncio del 7/12 (60% lo rechazaba, IEP, 17/12. Aunque con la sangrienta represión de diciembre en adelante, la cifra descenderá).

La falta de sustento constitucional no es una consideración menor. En el Perú, la premisa “constitucionalidad” es difícil de comunicar más aún con un Legislativo inmensamente impopular y que se ha ganado el rechazo a pulso (80%, IEP, 17/12. La cifra se incrementará con las matanzas en Huamanga, Juliaca y otras localidades). La mayoría de la gente asocia el Congreso con medidas que ponen en “riesgo” (informe CIDH) la poca institucionalidad que queda (JNE, ONPE, etc.), con el tráfico de intereses oscuros y el respaldo a un Gobierno sobre el que pesan tantas muertes y sobre las que deberá responder. Son razones de peso.

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Dicho esto, un estado de excepción y concentración de poderes exige un sustento constitucional. No solo por una cuestión “legalista” como afirman algunos, sino por una razón de orden político: en Ecuador, la Corte Constitucional rechazó las demandas de inconstitucionalidad de la oposición, con lo que la “muerte cruzada” decretada por Lasso se mantiene. Decidida la constitucionalidad, oposición y oficialismo se preparan para unas elecciones anticipadas en tres meses. Los ecuatorianos evitan, de momento, hundirse en una crisis “a la peruana” (sic).

La mayoría de la opinión pública y sociedad civil exigen elecciones generales, al menos desde octubre 2022, y luego con la destitución de Castillo. La propia Boluarte presentó un proyecto de ley de convocatoria a elecciones generales ante el Congreso. Aunque fue un guiño político: no renunció con el rechazo legislativo. Pero salidas políticas las hubo y las hay. Hoy, el país está capturado por una derecha retrógrada que controla instituciones clave del aparato estatal. Pero insistimos, salidas políticas las hubo y las hay.