El final de la “teoría del fraude”, por Omar Cairo Roldán

El 15 de junio de 2021, pocos días después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la ONPE informó que la fórmula Castillo-Boluarte había obtenido el 50,12% de los votos. La candidata Keiko Fujimori, alegando la existencia de fraude, se negó a aceptar su derrota. Inmediatamente, invocando la teoría del fraude, fueron presentadas numerosas impugnaciones.

A causa del tiempo que tomó resolverlas, recién el 19 de julio el JNE pudo declarar que Pedro Castillo y Dina Boluarte habían ganado las elecciones. Menos de diez días después, ellos debían asumir la presidencia y la vicepresidencia de la república. El apresuramiento y la improvisación en la transferencia de Gobierno y en la convocatoria de quienes conformarían el primer gabinete resultaron inevitables.

Pero la proclamación realizada por la máxima autoridad electoral no sería suficiente para los defensores de la teoría del fraude. Días antes de que se produjera, Alfredo Barnechea arengó que la pelea no terminaba “con la proclamación del Jurado”, que este era “espurio”, y que no iban “a aceptar a un presidente nulo”. Por su parte, una comitiva de políticos —integrada, entre otros, por dos congresistas electos— viajó a Washington D.C. para denunciar el “fraude” ante las puertas cerradas de la Organización de los Estados Americanos.

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Una vez que Castillo y Boluarte asumieron sus cargos, en el Congreso se creó una comisión investigadora para “demostrar” que las elecciones del 2021 habían sido fraudulentas. En el debate parlamentario, su presidente afirmó que la investigación había revelado un “fraude” al momento de calificar las candidaturas del presidente de la república y de la vicepresidenta. Sin embargo, el informe final de esta comisión no fue aprobado por el Pleno. Ante esta circunstancia, los defensores de la teoría del fraude optaron por otro camino: la destitución parlamentaria del presidente y de la vicepresidenta.

El congresista Montoya explicó con claridad este propósito cuando declaró: “Hay que terminar el caso Boluarte para luego seguir con el presidente, si no qué pasaría, sacamos al presidente y nos quedamos con la vicepresidenta del presidente, que es lo mismo, no cambiamos nada y eso nos tomaría hasta el fin del Gobierno; sería dificilísimo sacarla”. Todo cambió en la mañana del 7 de diciembre pasado. Pedro Castillo perpetró un golpe de Estado y, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución, perdió inmediatamente la presidencia constitucional. En ese momento, Dina Boluarte se convirtió, por mandato del artículo 115 de la Constitución, en la presidenta del Perú.

Casi inmediatamente, desapareció el interés por “sacar” a Dina Boluarte. La prioridad de los congresistas pasó a ser conservar sus puestos hasta el 2026, a pesar del reclamo popular de adelanto de elecciones presidenciales y parlamentarias. Mientras tanto, hace unos días, los presidentes de México y de Colombia sostuvieron —equivocadamente— que la presidenta del Perú estaba usurpando su cargo. Pero Keiko Fujimori salió en su defensa. “Si tengo que decidir entre apoyar a López Obrador y Petro o a Dina Boluarte, respaldo decididamente a quien ha llegado a la presidencia en forma legal y constitucional”, afirmó.

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Así, inesperadamente, terminó la teoría del fraude. Su autora le puso fin al proclamar que, en las elecciones presidenciales de junio de 2021, la fórmula Pedro Castillo-Dina Boluarte fue elegida no con “fraude”, sino “en forma legal y constitucional”. Salvo que alguien pretenda hacerla renacer, arguyendo que la misma elección de la fórmula Castillo-Boluarte fue “legal y constitucional” en el caso de Boluarte, pero “fraudulenta” respecto de Castillo. Pero eso sería demasiado contradictorio. Casi tanto como despotricar del comunismo y, al mismo tiempo, desde la presidencia del Congreso, condecorar al presidente de China comunista.